Las empresas carboníferas del Cesar tienen la obligación de invertir en compensación biótica alrededor de $900.000 millones de pesos para mejorar 30.000 hectáreas por la afectación ambiental que ocasionan sus explotaciones, y no tienen claro cómo hacer dicha inversión.
Razones de normatividad e inflexibilidad en las normas han impedido buscarle una salida creativa y alternativa a dicha inversión que según la legislación actual debe ser solamente en productos forestales. Existen dificultades legales, de uso y propiedad de la tierra y reclamos de comunidades.
De otra parte, el Cesar necesita inversión y a raudales. Inversión que genere empleo y ayude al quinto departamento más pobre del país a erradicar su 52% de pobreza. Un departamento que por el cierre abrupto del 25% de sus minas de carbón dejó en la calle a más de 5.000 trabajadores y con ello todas las relaciones comerciales y productivas que generaba dicha actividad.
