A través de un oficio, la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación pidió explicaciones a los tres integrantes del Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar que sesionaron y eligieron nuevo rector el pasado 19 de noviembre, lo anterior, aunque el Ministerio había recomendado abstenerse por las posibles irregularidades que se cometieron a la hora de convocar la sesión.

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“El día 19 de noviembre del año en curso, a través de memorando se solicitó al órgano de gobierno abstenerse de llevar a cabo la sesión extraordinaria que había sido convocada, a efectos de verificar la ocurrencia o no de presuntas irregularidades que eventualmente podían comprometer la legalidad de dicha convocatoria y por ende las decisiones que en ella se adoptaran”, inicia el texto.

Y agrega: “El citado requerimiento fue efectuado bajo el apremio de multas, tal como lo establece el numeral 9º del artículo 8 de la Ley 1740 de 2014. Pese a lo anterior, se tuvo conocimiento que el órgano de gobierno sesionó y que en tal sesión se dispuso la designación de nuevo rector encargado, entre otras”.

Por eso, en un plazo de tres días hábiles, “en derecho a la contradicción y defensa” ante la posible apertura de investigaciones, los consejeros que asistieron deberán enviar al Ministerio de Educación “las razones por las cuales no fue atendido el requerimiento que efectuó esta Subdirección y aportar las pruebas que estimen pertinentes”, además “copia de los documentos presentados por quien fungió como delegado del gobernador del Cesar en dicha sesión y a través de los cuales se acreditó su condición”.

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Cabe recordar que este jueves 19 de noviembre, con tres votos de tres posibles, fue designado como rector de la UPC José Rafael Sierra Lafauríe.En la elección solo estuvieron tres de los cinco representantes habilitados, quienes de forma unánime eligieron a Sierra Lafauríe. Pero no votaron los representantes, sino sus suplentes: por los exrectores votó Jesualdo Hernandez; por los gremios Arnulfo Cotes, y Sergio Barranco Núñez, como represente del gobernador. No estuvieron ni la delegada del presidente ni la del Ministerio de Educación. Ambas justificaron su decisión.

El Ministerio de Educación había enviado un documento de dos páginas en el que señalaba que la citación extraordinaria del 19 de noviembre no cumplía con las exigencias establecidas en la normatividad interna por varias razones.

Según el documento, “la convocatoria no fue efectuada por el número de mínimo de miembros del órgano colegiado de gobierno; y, segundo, no fue remitida con antelación razonable”. Por eso, agregaron desde el Ministerio de Educación, “las presuntas irregularidades pueden afectar la legalidad de las decisiones que se adopten en el desarrollo de la sesión extraordinaria”.