Por: CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ PADILLA Abogada – Especialista en Derecho Urbano A tono con la meta del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, “Prosperidad para Todos”, de 1 millón de vivienda en el cuatrienio, nuestras administraciones departamental y municipal se han comprometido a contribuir para el cumplimiento de la misma, con 20.000 y 10.050 […]
Por: CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ PADILLA
Abogada – Especialista en Derecho Urbano
A tono con la meta del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, “Prosperidad para Todos”, de 1 millón de vivienda en el cuatrienio, nuestras administraciones departamental y municipal se han comprometido a contribuir para el cumplimiento de la misma, con 20.000 y 10.050 viviendas respectivamente, sin lugar a dudas metas bastante ambiciosas, como ambiciosa y titánica es la tarea que tendrán que hacer para cumplirla y en la que se requiere que los anuncios realizados por la ministra de vivienda, Beatríz Uribe Botero de apoyo a estas iniciativas, pasen de ser sólo anuncios y se materialicen tangiblemente en soluciones de vivienda que permitan reducir el alto déficit cualitativo y cuantitativo existente en el Departamento del Cesar y en el Municipio de Valledupar, agravado por el problema de desplazamiento forzado y las invasiones que proliferan en la ciudad.
Por lo anterior, es urgente que echemos mano de las herramientas que nos proporciona la planeación estratégica, es decir, las que nos permitan establecer, los distintos factores y actores que intervienen en el diseño de políticas públicas, en este caso para el sector vivienda, considerándose aspectos tan neurálgicos en estos proyectos que sin ellos serían imposible su ejecución, por ejemplo, el insumo de la tierra, que para nadie es un secreto la escasez y el alto costo de la tierra en Valledupar, apta para la construcción de vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP), ésta última cuyo valor máximo no supera los 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que debería ser la más privilegiada en los planes de ordenamiento territorial, tal como se reflejan en ciudades como Bogotá y Medellín, en donde al constructor de vivienda de este rango, las administraciones municipales incentivan y promueven su construcción, vía compensaciones urbanísticas y tributarias, que además de garantizarle la utilidad al constructor, cumple en la generación de una oferta de vivienda de calidad al alcance de los hogares de más bajos recursos, otro factor importante son las determinantes urbanísticas, usos de suelo, densidades, afectaciones, trazado de vías, etc, contenidas en los planes y esquemas de desarrollo territorial (POT) y (EOT), de los Municipios del Departamento del Cesar, la disponibilidad y calidad de los servicios públicos, que deben garantizárseles a la población objeto de estos proyectos y la consecución de los recursos adicionales al aporte del Gobierno Nacional representados en Subsidios, entre otros.
Aunque estas metas puedan parecer utópicas, son realizables en la medida en que se implementen todos los instrumentos legales y financieros que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene disponibles, acompañados de una incesante y efectiva gestión ante las instancias nacionales, y porque no, internacionales, de nuestros mandatarios, labor de la cual también deberían apropiarse nuestros honorables representantes y senadores a los que últimamente se le ha criticado por brillar por su ausencia. Estas metas también serán realizables, sino actuamos con improvisación, si concertamos y socializamos con las comunidades, pero todo, serán realizables si la administración departamental y municipal trabajan armónicamente, desprovistas de todo protagonismo mezquino, que tanto daño nos ha hecho.