En los últimos meses, el sector de la ganadería en Colombia ha entrado en lo que podríamos llamar, aunque suene redundante, un periodo de “vacas flacas”.
Son tiempos difíciles para todos los productores del campo, en todo el país, pero pensamos principalmente en nuestros agricultores y ganaderos, principalmente, cuya economía por efecto dominó termina afectando a los otros negocios de la región.
El inclemente verano de 2010, similar al descrito por el maestro Leandro Díaz en su conocido paseo, generado por el mal llamado fenómeno del niño, ha deteriorado de manera aterradora los pastos y ha  reducido la oferta de alimentos para los animales.
A esto se suma la falta de agua y toda la tristeza que genera este fenómeno en los campos que se refleja no sólo en el paisaje, sino también en la cara del pequeño y del mediano ganadero que ve y padece el sufrimiento de sus animales ante las inclemencias del clima. En algunas fincas ya los animales se están muriendo.
Ese verano vino a sumarse al cierre de las exportaciones a Venezuela, por la terquedad del gobierno del Presidente Hugo Chávez, quien por caprichos políticos ha decidido afectar las relaciones comerciales entre los dos países, afectando a los empresarios colombianos pero también a los consumidores de su país.
Son circunstancias difíciles para un negocio que siempre ha gozado de fama de bueno, pero no en todos los casos es válida esa generalización.
A ese deplorable panorama, ahora se le suma un elemento adicional que podría agravar, aún más, esa situación: es el conflicto laboral en la multinacional de productos lácteos  Dairy Partners Américas (DPA).
A la fecha se vencieron los términos de la legislación laboral para lograr un acuerdo en la etapa de arreglo directo, y aunque las negociaciones se han mantenido en buenos términos, aún las posiciones económicas de ambas partes están distantes lo que aleja la posibilidad de un pronto acuerdo. Mientras los trabajadores piden un reajuste del 10 por ciento en los salarios y mejoras en todos los aspectos de la convención colectiva, la empresa sólo ofrece un 2 por ciento, es decir la tasa de inflación.
No obstante, por ahora, DPA ha mantenido la compra de la leche a los ganaderos, pero la planta procesadora está paralizada. Ante este panorama,  este conflicto laboral requiere una urgente mediación de las instancias del Estado, principalmente del Ministerio de la Protección Social, para buscar un arreglo rápido y evitar que el agravamiento del mismo pase a mayores y afecte aún la actividad ganadera del Cesar y la Guajira.
Uno de los objetivos misionales del ministerio de la Protección Social es buscar la armonía en las relaciones entre  los trabajadores y las empresas, es decir buscar la paz laboral, y evitar que los conflictos laborales generen problemas graves en la economía.
Este es un caso que merece la atención del gobierno nacional, y así lo han solicitado líderes como el Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Tarcisio Mora, por parte de los trabajadores, y dirigentes como  el gerente de Comfacesar, Ernesto Orozco, reconociendo lo preocupante que es la situación.
La búsqueda de un acuerdo pronto y pacífico al conflicto laboral de DPA hace parte de una serie de soluciones urgentes, incluyendo ayuda vía créditos y otros instrumentos, que requiere la industria ganadera hoy afectada por todos los problemas antes mencionados y generando también, de paso, una depresión de la economía regional, tanto en el Cesar como en la Guajira.
Esta crítica situación requiere acciones de urgencia, incluyendo una posible emergencia económica como recientemente se lo solicitó al Gobierno Nacional el Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, esperemos que cuando el gobierno nacional vaya a reaccionar frente a todos estos problemas ya no sea demasiado tarde.