Masacre laboral en la Defensoría del Pueblo en el Cesar
Muchos de los funcionarios que quedaron sin contrato, llevaban más de una década prestando sus servicios a la Defensoría del Pueblo.
Por Andrés Llamas Nova
A través de correo electrónico institucional, fueron notificados 27 funcionarios de la Defensoría del Pueblo, regional Cesar, de que sus contratos no serán renovados, razón por la que se han considerado víctimas de una masacre laboral por parte de las directivas a escala nacional.
Según el Defensor, Fabio Aponte, quien asegura haber renunciado antes de los despidos, algunos de los funcionarios llevaban más de 15 años en la Defensoría y esta situación motivará a los perjudicados a iniciar acciones legales.
“Los que quedaron por fuera tienen diferentes funciones; sin embargo, lo que más causará traumatismos son los que trabajan en torno a las leyes 975 y 1448, acerca de la Ley de Víctimas, por la complejidad del asunto. De la Ley 906 del Sistema Penal Acusatorio también fueron despedidos algunos”, dijo el Defensor Aponte y agregó que son 27 de 60 trabajadores los que han sido abandonados por la Defensoría.
Por otra parte, asegura que muchos de los que han quedado sin contrato, presentaron el examen – entrevista, hace más de un mes en Santa Marta, en una convocatoria abierta de la Defensoría del Pueblo, y sus resultados fueron sobresalientes.
Desmantelaron programas
Los perjudicados con esta directriz de la nueva administración de la Defensoría del Pueblo, en el territorio nacional, manifiestan que aunque se supone que estos cargos serán asumidos por nuevo personal, programas completos de la entidad fueron desmantelados.
“Sacaron a todos los defensores que manejan el tema de penitenciarías y cárceles. Seis en total. Había otros que manejaban Derecho de Familia”, dijo José Rafael Hernández, presidente del Colegio de Defensores Públicos, Regional Cesar.
Agregó que, “se ha tomado esta decisión como irrespeto hacia los defensores que años atrás venían brindando sus servicios en la Defensoría”. Hernández asegura que el criterio tenido en cuenta para esta controvertida decisión no es la edad de los funcionarios, o la calidad de pensionados de otras entidades, puesto que todos no reciben estos beneficios.