En vísperas de la posesión del nuevo gobierno de Colombia se ha recrudecido la violencia contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos, por lo que el presidente Juan Manuel Santos, Nobel de Paz, y el electo Iván Duque Márquez deben comprometerse en garantizar cuento antes la seguridad de estas personas amenazadas por los grupos armados ilegales.

El caso más reciente es la muerte de Ana María Cortés, líder social que residía en Cáceres, región del Bajo Cauca del departamento de Antioquia, donde fue coordinadora de la campaña presidencial de Gustavo Petro en ese municipio. La mujer fue asesinada a las 7 de la noche del pasado 4 de julio.

El día anterior, se registró el asesinato de la líder comunal Margarita Estupiñán, en el corregimiento de Tumaco (Nariño), donde era la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Recreo, ubicada en la vereda Vaquerío.

El mes pasado también fue violento, con 17 asesinatos, según la Organización Cumbre Agraria. Julio César Montalvo, perteneciente al resguardo indígena Zenú del Alto San Jorge, Orlando Negret, presidente de la junta de acción comunal de Tierralta, y Carlos Jimmy Prado Gallardo, representante legal de Satinga Joven y delegado en la Consulta Previa por las Comunidades Negras del Pacífico Nariñense, fueron asesinados en el fin de semana comprendido entre el 1 y el 3 de junio.

Queda una gran deuda del gobierno saliente con la seguridad, que debe asumir el entrante para que no sigan los homicidios sistemáticos contra los líderes sociales, puesto que entre enero y mayo de este año se presentaron alrededor de 98 casos, según un informe presentado por Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Marcha Patriótica y la Organización Cumbre Agraria.

En el caso del departamento del Cesar se mantienen las amenazas, principalmente contra los líderes sindicales, pero por fortuna no se han materializado, por lo que en ese contexto, el mes pasado se firmó un acuerdo para proteger a esta población en riesgo.

El compromiso para resguardar la protección de personas víctimas de amenazas contra su integridad personal, líderes y defensores de los derechos humanos se llevó a cabo en el Archivo Departamental del Cesar, con la participación de la Embajada de Holanda; la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria; el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle; líderes gremiales y líderes sociales.

Ante ese ‘pacto multiactor’, como fue denominado, esperamos que los compromisos se cumplan con la articulación de las autoridades locales y nacionales, para que no tengamos que registrar en nuestras páginas muertes que se pueden evitar, si hay la oportuna reacción del Estado, a través de sus organismos de seguridad y protección, como el caso de la cuestionada Unidad Nacional de Protección, UNP.

Hoy, precisamente, se realizará en la plazoleta de la Gobernación del Cesar, como en otras plazas del país, una jornada de protesta por los crímenes contra líderes sociales, a partir de las 6:00 de la tarde.