Justa la reacción de la semana pasada en la Región Caribe contra la Resolución CREG 089 de 2013 que empleó, por primera vez, la fórmula con la cual se actualizan los precios de los contratos a largo plazo de gas natural.

El resultado fue muy distinto a lo esperado, ya que indexó los precios de la Región Caribe en 25% y los disminuyó 3% para el interior del país.
La gran pregunta es: ¿Por qué se genera esta distorsión? Es el resultado de entregar un asunto tan delicado a unos “súper expertos” – todos del interior del país- que están encerrados en un universo matemático fuera de la realidad. Es necesario ajustar esa resolución.
Ocurre que los precios de gas se transan en dólares y si le sumamos el 25% de la devaluación reciente, el incremento absoluto de este insumo para los hogares, el comercio y la industria costeña llegará al 40%.
La diferencia abismal entre los incrementos es porque los precios se calculan por oferta y demanda; y la demanda del Caribe está inflada por las compras de las plantas térmicas y las ventas a Venezuela.
Las térmicas se construyeron para dar confiabilidad a todo el sistema eléctrico colombiano, no solo a la costa Caribe, lo justo es manejar las compras de gas como generación de seguridad de todo el mercado eléctrico colombiano. Lo anterior, unido a que el sustituto del combustible de las térmicas es el diésel, cuyo precio es superior al de gas, hecho que obliga a las térmicas a pagar, por el gas, precios muy por encima al resto del mercado.
No resulta justa la fórmula matemática que ha definido esta indexación. Lo correcto es que se llegue a un precio máximo regulado por los mercados internacionales. En este momento, por ejemplo, estaría a la baja y por debajo de US$4 dólares MBTU.
Otra fórmula es que se forme un índice nacional sin incluir la demanda de las plantas térmicas. Resultaría que todo el mercado nacional tendría un incremento del 6%, que sería lo justo.
Otro tema que pesa en el cálculo de la demanda del Caribe es que desde allí se abastecen las exportaciones hacia Venezuela y se imputan como consumidas en el Caribe. Nadie conoce a que precios se vende al hermano país.
Son dos eventos de política nacional que no tienen por qué afectar a una región del país ni calcularlos como parte de su consumo. Son decisiones de interés nacional y no es justo que solo el Caribe absorba su impacto.
Es cierto que el mercado funciona y que sus fuerzas inciden, pero la intervención del Estado es clave para evitar que distorsiones como las que hemos mencionado repercutan en el comportamiento de los precios del mercado.
Se debe volver a la regulación anterior que fijaba los precios en el Caribe. Estuvo vigente durante 30 años y establecía los precios del gas de La Guajira, al igual que su variación, en función de los precios del mercado internacional de los hidrocarburos que, en este momento, es evidente están a la baja. En realidad nuestro mercado de gas es pequeño y es casi un monopolio.

El gobierno con su Resolución quiso mejorar la competitividad de los precios para la industria nacional, pero, en la práctica resultó todo lo contrario y como quiera que no se obtuvo el objetivo de regular la competitividad de la industria nacional, se deben tomar correctivos.
Hay que reconocer que la CREG y Min Minas han dado la oportunidad a la industria del gas de definir fórmulas de indexación distintas a las expuestas por la regulación y aunque deberían ser conciliadas entre los distintos actores, parece ser que no hubo acuerdo entre los propios gremios de las industrias.
Esta falta de acuerdo no releva al gobierno, al Ministerio y a la CREG de fijar y corregir oportunamente las medidas que garanticen precios justos en un mercado que, a todas luces, carece de las características para funcionar adecuadamente de manera desregulada.