Mañana y el viernes se llevarán a cabo los interrogatorios a los candidatos citados por la Fiscalía General de la Nación por haberse inscrito, presuntamente estando inhabilitados, para participar en la elección de Congreso de la República que se realizará el próximo 11 de marzo.

En la lista aparece el nombre del cesarense Martín Alonso Vega Soto, quien aspira a la Cámara de Representantes por la Asociación Colombiana Negra Huellas de Africanía en Paz y podría estar incurriendo en el delito de elección ilícita de candidatos, recientemente creado por la Ley 1864 de 2017, en la modalidad de tentativa, toda vez que se inscribió presuntamente estando inhabilitado para ello.

EL PILÓN quiso conocer la posición del candidato, pero este solo aseguró que no tenía nada que decir ante la prensa porque no era conveniente. “Si el Estado dice que estoy inhabilitado hay que creerle. Las cosas que se tengan que arreglar en esos términos se hacen ante las entidades correspondientes”, expresó.

Ya venció el plazo para modificar las listas de los partidos con los nombres de los candidatos a las elecciones parlamentarias del próximo 11 de marzo, por lo que el Ministerio Público advirtió que si estas personas decidieron mantener su candidatura podrán enfrentar cárcel entre 4 y 9 años, y si son elegidos y se posesionan serán “destituidos e inhabilitados entre 10 a 20 años, por falta disciplinaria gravísima”.

En cuanto a los partidos y movimientos políticos que los apoyen, y no ejerzan un control adecuado sobre ellos, “no podrán presentar listas para las siguientes elecciones”, indicó la Procuraduría.

Aunque en la información revelada por la Fiscalía no especifica porque delito fue inhabilitado cada uno de los candidatos, se deja ver que, contra algunos, por ejemplo, se han emitido órdenes de captura, se han impuesto condenas por estafa agravada, multimillonarias multas por su dudoso proceder, prohibición para conducir e, incluso, penas por homicidio. Todos relacionados al numeral 1° del artículo 280 del reglamento del Congreso que señala “que quienes hayan sido condenados, en cualquier época, por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, no podrán ser elegidos a cargos de elección popular”.

En sus expedientes aparecen condenas por delitos como falsedad, inasistencia alimentaria, hurto calificado, lesiones personales, porte ilegal de armas y fraude procesal.

La Fiscalía analiza la eventual responsabilidad de los partidos y movimientos que entregaron el aval a las personas citadas a interrogatorio y que también podrían terminar ante los jueces.