Después de dos años de pleitos judiciales, las instalaciones del palacio municipal tendrán que ser desalojadas para ser entregadas a un particular.
En 2015, un juez había ordenado a la Alcaldía de Astrea desocupar el predio donde por más de 40 años ha funcionado el palacio municipal, esto debido a una demanda en contra de la administración local, por parte del propietario del inmueble.
Sin embargo, en ese momento el proceso se suspendió debido a que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar admitió la acción de tutela interpuesta por el municipio contra el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná, logrando suspender el desalojo.
La tutela fue interpuesta por el alcalde Sandy Sepúlveda, quien pidió una acción de amparo ante el proceso que inició Atanasio Larios López, quien interpuso la queja. Así mismo se ordenó vincular a Otoniel Larios López, hermano del demandante, teniendo en cuenta que podía resultar afectado con la decisión que se tomara de fondo.
Hoy, dos años después, el proceso tomó curso nuevamente y la orden de desalojo tiene que hacerse efectiva. El alcalde Sandy Sepúlveda explicó que existe un proceso de embargo al predio por el exalcalde Otoniel Larios López, que le debe a un hermano y en los predios aparece que la sede de la Alcaldía es su propiedad.
“Es un predio que está ocupado desde hace más de 40 años cuando Astrea pertenecía al municipio de Chimichagua. Según los comentarios, Chimichagua negoció con el señor López, pero en ningún momento legalizo el predio”, explicó el alcalde de Astrea.
Para ese entonces, el municipio comprometió comprar el lote del cual sólo canceló 180 mil pesos y quedó restando 20 mil pesos. Al parecer, la Alcaldía en sus diferentes administraciones nunca contestó ni asistía a las audiencias en su contra y por tal razón hoy tienen que desalojar las instalaciones.
Para cumplir con el fallo, el próximo 6 de febrero, la Alcaldía de Astrea comenzará el trasteo a otra edificación. Esto generará traumatismos, ya que la mudanza no permitirá que los funcionarios trabajen adecuadamente.
Andreina Bandera / EL PILÓN
[email protected]
Después de dos años de pleitos judiciales, las instalaciones del palacio municipal tendrán que ser desalojadas para ser entregadas a un particular.
En 2015, un juez había ordenado a la Alcaldía de Astrea desocupar el predio donde por más de 40 años ha funcionado el palacio municipal, esto debido a una demanda en contra de la administración local, por parte del propietario del inmueble.
Sin embargo, en ese momento el proceso se suspendió debido a que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar admitió la acción de tutela interpuesta por el municipio contra el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná, logrando suspender el desalojo.
La tutela fue interpuesta por el alcalde Sandy Sepúlveda, quien pidió una acción de amparo ante el proceso que inició Atanasio Larios López, quien interpuso la queja. Así mismo se ordenó vincular a Otoniel Larios López, hermano del demandante, teniendo en cuenta que podía resultar afectado con la decisión que se tomara de fondo.
Hoy, dos años después, el proceso tomó curso nuevamente y la orden de desalojo tiene que hacerse efectiva. El alcalde Sandy Sepúlveda explicó que existe un proceso de embargo al predio por el exalcalde Otoniel Larios López, que le debe a un hermano y en los predios aparece que la sede de la Alcaldía es su propiedad.
“Es un predio que está ocupado desde hace más de 40 años cuando Astrea pertenecía al municipio de Chimichagua. Según los comentarios, Chimichagua negoció con el señor López, pero en ningún momento legalizo el predio”, explicó el alcalde de Astrea.
Para ese entonces, el municipio comprometió comprar el lote del cual sólo canceló 180 mil pesos y quedó restando 20 mil pesos. Al parecer, la Alcaldía en sus diferentes administraciones nunca contestó ni asistía a las audiencias en su contra y por tal razón hoy tienen que desalojar las instalaciones.
Para cumplir con el fallo, el próximo 6 de febrero, la Alcaldía de Astrea comenzará el trasteo a otra edificación. Esto generará traumatismos, ya que la mudanza no permitirá que los funcionarios trabajen adecuadamente.
Andreina Bandera / EL PILÓN
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