Contra la Universidad Popular del Cesar (UPC) están tratando de practicar e imponer toda clase de actividades que a simple vista son ilegales, dolos por doquier, en una carrera por apoderarse de ella. Esta podría ser la lectura que se hace de los últimos acontecimientos.

Lo más perverso es que el Gobierno nacional pareciera que se presta para desarrollar acuerdos políticos, tramoyas y hasta manipula para trasgredir la autonomía universitaria que se consagra en la Ley 30, e incluso, en nuestra Constitución.

Por eso siempre he pregonado que ‘la libertad sin autonomía es similar a la reclusión del inocente’. Es decir, grupos buscando poder sin importar el daño que se le hace a la sociedad, a los jóvenes, a los padres de familias.  

Mis consejeros periodísticos Tíochiro y Tíonan tienen ejemplos evidentes sobre el tema.  Ya lo dije en una columna reciente: a la UPC la tratan como la caja menor que enriquece a unos y les da poder a otros.

Seguramente hoy no podré resumir todo, pero el asunto es tan grave que no solo están usando los poderes internos para hacer y deshacer en la UPC, vamos igual al caos que se vivió en la Universidad del Atlántico. En el nuevo episodio, con el nombramiento de rectores interinos se nota la competencia, mientras el Gobierno nacional aplaude, la ministra de Educación se hace la ciega, la sorda y la desentendida y los grupos internos se reacomodan.

La autonomía de la que hablé al comienzo es una colcha de retazos en la UPC. Unos por apoderarse de la rectoría desconocen esa independencia que tiene el alma mater de designar sus propias autoridades y normas.  

Pareciera que aquí lo que importa es ganar la rectoría ante jueces, notario, gobierno, ante quien sea. No importa que se infrinja la autonomía, se van al campo externo, al judicial.

Con el sonado tema de los dos rectores, uno que no quería entregar y el otro que reclamaba sus derechos, sorprendió un juez de Maicao (La Guajira) dando a conocer un fallo que después él mismo rectificó porque el accionante no existía. Seguramente el juez cometió una ilegalidad, pero nada ha pasado.

Hace unos días, el notario de Bosconia posesionó a dos miembros del Consejo Superior Universitario de la UPC que habían sido elegidos durante unas elecciones que el Consejo Superior había cancelado y no las reconoce como tal.

Estudiosos y abogados consultados sostienen que la posesión de los presuntos consejeros ante dicho notario es ilegal porque la ley establece quiénes pueden posesionarse ante notario.

Otro tema que oscurece el panorama en la UPC ocurrió el lunes anterior, cuando unos delincuentes pusieron a circular por las redes sociales una resolución emanada del Ministerio de Educación Nacional en donde hacían creer una intervención administrativa a la Universidad Popular del Cesar.

Pues bien, ese mismo día, el lunes anterior sesionó de manera ordinaria el Consejo Superior con sus 5 miembros vigentes: delegados del Ministerio y Presidencia, del gobernador, exrectores y gremios.

Se afirma que los dos presuntos consejeros reclamaron su participación en la sesión, pero la mayoría no los aceptó. Según los corrillos ese mismo lunes (anteayer) iba a ser designado otro rector encargado en remplazo de José Sierra, se trataría de Jaime González, quien hace poco fue vicerrector administrativo.

Lo más serio es que el Gobierno nacional respete a docentes, estudiantes y administrativos, en vez de dividir debería unir. Hasta la próxima semana.