El Congreso de la República inicia el trámite para la revisión de cada uno de los puntos propuestos por la Misión Electoral Especial para reformar la política electoral.
El Congreso de la República avanzará en la revisión de los puntos que buscan reformar la política electoral, con temas como la creación de entes reguladores de, la aprobación de las coaliciones legalmente constituidas, la financiación equitativa que disminuya los riesgos de corrupción electoral.
La Reforma Política, que desarrolla el punto 2 de participación política del Acuerdo de Paz de La Habana, comenzará su trámite en el Congreso de la República, vía fast–track; entre los puntos más destacados de esta iniciativa, de acuerdo con el Ministro del Interior, Guillermo Rivera, está la eliminación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la creación de una corte con capacidad de regular los partidos, teniendo en cuenta que el CNE está conformados por los integrantes de los mismos partidos que no pueden autorregularse.
El ministro resaltó la rigurosidad de las medidas para controlar la financiación de campañas, como la prohibición de contratación de transportes, de dádivas, donaciones y regalos por parte de las campañas políticas. “Se obliga que particulares que contribuyan a la financiación de una campaña política lo declaren públicamente. De no hacerlo se exponen a una sanción de carácter penal”, afirmó el ministro.
En cuanto a la creación de movimientos políticos, Rivera explicó que deben acreditar el número de afiliados “de al menos 0.2 por ciento del censo electoral, que son 70 mil personas, para obtener personería jurídica y postular candidatos”.
Aclaró que la Procuraduría mantiene sus competencias de destituir a un servidor público de elección popular, pero en caso de inhabilitarlo, el Consejo de Estado tiene un mes de plazo para definir si esta inhabilidad le impide volverse a elegir.
Sobre el transfuguismo, Rivera reiteró que va en contra de la Reforma Política que “busca relegitimar las instituciones de origen popular” y esa conducta “le resta seriedad a la actividad política, porque se engaña al elector, en consideración a la organización política y a la plataforma ideológica”.
“La financiación de campañas debe ser estatal y un menor porcentaje, particular”, afirmó Rivera, quien concluyó que también “se busca un relevo generacional, promocionar la participación de los jóvenes, la equidad de género y calidad en las listas”, entre otros, motivo por el cual se plantea que los congresistas no podrán permanecer más de tres periodos
El Congreso de la República inicia el trámite para la revisión de cada uno de los puntos propuestos por la Misión Electoral Especial para reformar la política electoral.
El Congreso de la República avanzará en la revisión de los puntos que buscan reformar la política electoral, con temas como la creación de entes reguladores de, la aprobación de las coaliciones legalmente constituidas, la financiación equitativa que disminuya los riesgos de corrupción electoral.
La Reforma Política, que desarrolla el punto 2 de participación política del Acuerdo de Paz de La Habana, comenzará su trámite en el Congreso de la República, vía fast–track; entre los puntos más destacados de esta iniciativa, de acuerdo con el Ministro del Interior, Guillermo Rivera, está la eliminación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la creación de una corte con capacidad de regular los partidos, teniendo en cuenta que el CNE está conformados por los integrantes de los mismos partidos que no pueden autorregularse.
El ministro resaltó la rigurosidad de las medidas para controlar la financiación de campañas, como la prohibición de contratación de transportes, de dádivas, donaciones y regalos por parte de las campañas políticas. “Se obliga que particulares que contribuyan a la financiación de una campaña política lo declaren públicamente. De no hacerlo se exponen a una sanción de carácter penal”, afirmó el ministro.
En cuanto a la creación de movimientos políticos, Rivera explicó que deben acreditar el número de afiliados “de al menos 0.2 por ciento del censo electoral, que son 70 mil personas, para obtener personería jurídica y postular candidatos”.
Aclaró que la Procuraduría mantiene sus competencias de destituir a un servidor público de elección popular, pero en caso de inhabilitarlo, el Consejo de Estado tiene un mes de plazo para definir si esta inhabilidad le impide volverse a elegir.
Sobre el transfuguismo, Rivera reiteró que va en contra de la Reforma Política que “busca relegitimar las instituciones de origen popular” y esa conducta “le resta seriedad a la actividad política, porque se engaña al elector, en consideración a la organización política y a la plataforma ideológica”.
“La financiación de campañas debe ser estatal y un menor porcentaje, particular”, afirmó Rivera, quien concluyó que también “se busca un relevo generacional, promocionar la participación de los jóvenes, la equidad de género y calidad en las listas”, entre otros, motivo por el cual se plantea que los congresistas no podrán permanecer más de tres periodos