Quizás una de las pocas cosas rescatables del gobierno municipal de Valledupar durante estos tres años de administración es el proyecto de vivienda de interés social que ha desarrollado con la ayuda del gobierno nacional. Pensar en dar techo a personas que por su pobreza jamás podrían aspirar a tener casa con sus propios esfuerzos económicos, es un hecho revolucionario que merece resaltarse.

Lastimosamente cuando se busca solucionar un problema como el de la vivienda para mucha gente de escasos recursos, surgen otras dificultades que merecen ser enfrentadas y corregidas a tiempo, para evitar fatales dolencias en el tejido social.

Mucha gente que aspiraba a que con su vivienda quedara solucionada una parte de sus necesidades familiares y esto les trajera paz, tranquilidad y bienestar, ha padecido los rigores de convivir con la delincuencia, la extorsión, el tráfico de drogas y la violencia en general que cada día crece al interior de este tipo de soluciones de vivienda como la urbanización Nando Marín, azotada por múltiples problemas que para su solución requieren de una intervención rápida de las autoridades del gobierno municipal y de la Policía Nacional.

Quienes viven en las diferentes torres que componen la urbanización, se quejan del crecimiento de hechos delictivos como la extorsión, pues para que las personas puedan acceder a sus apartamentos, dentro del edificio hay delincuentes que exigen el pago de una especie de peaje para permitirles el paso y de esa manera puedan llegar hasta su propio hogar. Los mismos habitantes se quejan de los continuos atracos que a pesar de ser un elemento común y reiterativo en toda la ciudad, en ese sector es más crudo, pues las mismas torres en lugar de ser refugio habitacional para quienes recibieron este beneficio, se han convertido desde su interior en el escenario perfecto para que los delincuentes puedan desarrollar sus ataques.

Las constantes riñas que denuncia la misma gente que vive en el sector, los atracos, la extorsión y la venta de drogas amerita una intervención urgente por parte de la autoridades para que controlen la seguridad del lugar, pero también para que implementen planes de capacitación para establecer una sana convivencia.

Muchas personas que viven en la urbanización Hernando Marín desconocen los reglamentos de convivencia, lo que hace que no se toleren desde las diferencias. Esto genera la necesidad de poner en marcha programas de capacitación que lleven a la conformación de comités de convivencia y de frentes de vigilancia para que los malos que son menos cantidad que la gente buena que allí vive, detengan su accionar delictivo que tanto perjudica la tranquilidad y la sana convivencia del sector.

Las viviendas solucionaron el problema habitacional, pero han generado otros problemas de seguridad y convivencia que pueden empezar a solucionarse si desde la Policía y el gobierno municipal se educa a la población en el respeto de sus derechos y deberes, para que los delincuentes tengan que detener sus acciones porque hay una comunidad que decidió hacerles frente en sinergia con las autoridades.
@Oscararizadaza