El 13 de marzo de 1988, se llevó a cabo la primera elección popular de alcaldes en el país, luego de la expedición del acto legislativo 01 de 1986. El año anterior, la Procuraduría General de la Nación, realizaba un balance a los resultados que en 30 años deja el ejercicio de la elección popular de alcaldes, señalando que es “considerada una de las victorias políticas más importantes de la sociedad colombiana”.

A 2018, eran diez las elecciones populares de alcaldes realizadas en el país. A fecha de hoy 11 en total; cada municipio del país de manera categórica ha tomado la decisión de elegir a las primeras autoridades de las entidades territoriales del orden municipal sin excepción, a través del voto popular.
Si democratizar la vida municipal, con la elección popular de alcaldes fue un acierto o fue un error, corresponderá a la ciudadanía hacer los balances respectivos y a la opinión calificada las valoraciones pertinentes. A mí, en lo personal, me gusta que hoy día la opinión calificada seamos todos y que a raíz de las redes sociales, nada está oculto, ni nadie está limitado para opinar.

Lo que sí es un desacierto, es que unos pocos desconozcan los resultados que las mismas autoridades electorales han legitimado. Autoridades electorales, son eso, quienes en el marco de sus competencias y funciones tienen la capacidad de pronunciarse en términos de resultados electorales.

Sí, es claro que en un sistema como el nuestro, es importante garantizar que existan acciones. Sin embargo, hay que resaltar que, una cosa son la acciones y otra muy distinta que se pretenda con leguleyadas desvirtuar una elección popular. Para ser más clara aún, la elección popular de un alcalde.

No se es consecuente con el municipio de Valledupar, cuando de manera especulativa se solicita seguir revisando material electoral de una pasada elección cuando no existen argumentos. Seguir solicitando reconteo de votos cuando previamente ya se ha demostrado que todo es transparente, es querer generar incertidumbre donde no la hay y querer desconocer la voluntad de un pueblo que así lo ratificó en las urnas.

Una cosa es la rigurosidad de las acciones y otra muy distinta la bajeza propia de quienes creen que lo público se maneja como la propiedad privada, como si fuera un asunto de escrituras.

Pretender desvirtuar el respaldo contundente que le da el pueblo a un candidato a alcaldía es un error.
Nada peor, que los malos perdedores.