Ha causado conmoción generalizada las revelaciones del programa Séptimo Día, realizado por Caracol Televisión, en cuanto a la muerte de 16 bebes prematuros a quienes les suministraron un medicamento adulterado, en la clínica Laura Daniela de Valledupar.

El informe periodístico también ha puesto en aprietos a los propietarios de la Clínica, a funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental y a empresas proveedoras (fachadas) del medicamento.

Se estima que ese informe que nos hizo erizar de pánico ha logrado la reacción de toda la ciudadanía, incluido los periodistas locales quienes han estado “dormidos” y permisivos en los últimos años, para exigirle a la Fiscalía prontos resultados. Así mismo debería encontrar eco entre los congresistas del Cesar, el Gobernador Franco Ovalle, alcaldes, diputados, concejales y voceros cívicos. Ninguno de ellos debería silenciar su voz, de lo contrario serán tan culpables de los lamentables hechos como los propios autores de este atroz crimen, contra seres humanos endebles y contra madres que alimentaban ilusiones con sus hijos.

De no ser así, seguramente todo quedará en la impunidad, mientras unos cuantos se siguen llenando los bolsillos de millones a costa de su paso criminal y otros se siguen burlando de una sociedad que se pudre en su propia impotencia física, que no reacciona y está inerme, sumida al vaivén de grupos políticos de familia, que ponen y quitan secretarios de salud, gobernadores, congresistas, alcaldes. Un

Departamento que pareciera que ya alcanzó la cúspide del acabose.

Los testimonios de las madres y de la Policía dan cuenta que estamos frente a una red mafiosa que mueve todo un suburbio de delincuencia, que -según Séptimo Día- se ensaña contra madres de familias que no tienen cómo pagar sus partos en clínicas particulares y con dinero propio.

La denuncia del programa televisivo señala que las madres llegaron a la Clínica Laura Daniela a parir y sus hijos nacieron con problemas en los pulmones. Los 16 nacieron prematuros y requerían un medicamento denominado Survanta de 25 mg., el cual lo consiguieron en cualquier tienda de la esquina.

Ya lo dijo una de esas inconsolables madres, a quien le arrebataron su alegría de vida, “que le vendan un medicamento adulterado a una mamá, eso pasa; pero, no a especialistas”.

Fue también burdo, ordenar el traslado de la Jefe de Control de Medicamentos de la Secretaría de salud Departamental, Gladys Chinchía, una mujer con más de dos décadas de trabajar en la secretaría, Química Farmaceuta de la Universidad del Atlántico y especialista en Farmacia Clínica de la misma universidad. Es decir, Gladys hija de Miguel Chinchia (q.e.p.d.) un hombre probo y pintoresco de Codazzi, es la persona idónea para ese cargo, hoy la tienen archivando papeles. Se supo que fue apartada del cargo cuando iba a ordenar el cierre de la Clínica Laura Daniela.

“Hay un grupo empresarial que está dedicado a la compra de casi todos los centros médicos de la región, la familia Arce. Grupos que apoyan económicamente las campañas políticas, candidatos, y estos generan compromisos para con ellos, entonces al momento de ejercer una investigación no se hace un control eficaz”, dijo el abogado Luis Eduardo Avendaño al programa de Caracol.

Lo que queda ahora es que la Fiscalía diga: “esta boca es mía”, que manifieste ¿por qué tan negligente para esta investigación de casi dos años? ¿Qué hay o quiénes están detrás de la investigación, para que no prospere? ¿Por qué trasladaron a Gladys, quién lo ordenó? ¿Por qué se han ensañado contra madres inofensivas?, por Dios, merecemos justicia humana y divina y respeto. Hasta la próxima semana.

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Por Aquilino Cotes Zuleta