Tras casi cinco meses bajo detención domiciliaria, el gobernador del Cesar(r) Luis Alberto Monsalvo solicitó la  libertad dentro del proceso que se adelanta en su contra por presuntamente cometer actos de corrupción en un contrato del Programa de Alimentación Escolar, PAE.  

La petición la presentó a través de su nuevo abogado, José Luis Barceló Camacho, durante una audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento que se desarrolló este miércoles. 

En la diligencia, la defensa y la Fiscalía presentaron los elementos materiales probatorios sobre si debe o no quedar en libertad el mandatario. Sin embargo, la magistrada decidió tomarse tiempo para poder analizarlos y suspendió la audiencia para continuarla este viernes 4 de febrero. 

De prosperar la solicitud, Monsalvo podría, nuevamente, tomar las riendas del departamento del Cesar, pero continuaría dentro del juicio por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado. 

El proceso responde a una investigación de la Fiscalía en la que aparentemente encontró 9 inconsistencias en un contrato que la Gobernación del Cesar celebró en el año 2015 con el consorcio Alimentación Escolar A Salvo, cuyo valor superó los $17.140 millones. 

El contrato, presuntamente, no cumplía con los estudios previos necesarios, tenía prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley, que originaron un detrimento patrimonial que ascendió a los $3.172 millones. 

Además, habría tenido sobrecostos debido a que cada kilogramo de hígado fue pagado a $65.460 pesos. Por otro lado, el mandatario también se habría encargado de beneficiar a un grupo específico de personas. 

Las indagaciones duraron años, pero solo hasta el mes de julio del 2021 arrojó resultado con la vinculación formal de Monsalvo al proceso mediante la imputación de cargos. Es así que consideraron necesario cobijarlo con la imposición de la medida domiciliaria que ahora quiere tumbar.

EL NUEVO ABOGADO

A inicio del presente año, el abogado Iván Cancino renunció a la defensa del gobernador por “no tener el tiempo que requiere dicho proceso”, según dijo a EL PILÓN. Por eso, el mandatario contrató los servicios del exmagistrado José Luis Barceló Camacho, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. 

Barceló fue magistrado de la Sala Penal hasta el año 2019. En su ejercicio fue ponente de la condena contra los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, así como la del exsecretario Alberto Velásquez, por el escándalo de la ‘Yidispolítica’. Sin embargo, el caso más conocido es el proceso que llevó contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.