La palabra más mediática de los últimos años en Colombia es la corrupción y lo seguirá siendo luego de que el pasado martes, por unanimidad, el Senado de la República aprobara la Consulta Anticorrupción. Una de los conclusiones que deja esta votación es que ninguno de los congresistas quiere ser tildado de corrupto oponiéndose a la iniciativa, aunque es vox populi que muchos de ellos lo son.

Sin embargo, el senador Roy Barreras se abstuvo de votar y aseguró que la consulta anticorrupción no es efectiva, que el Senado había avalado tirar 300.000 millones de pesos a la basura, lo que cuesta adelantar esta jornada electoral. El senador de la U vaticinó que está consulta sería declarada inexequible por la Corte Constitucional.

Pese a ese mal augurio, reconocemos el esfuerzo de las senadoras Claudia López y Angélica Lozano, quien lideró este proyecto y logró llevarlo a las urnas. Ahora, el presidente Juan Manuel Santos tiene un plazo de ocho días, desde la aprobación, para fijar la fecha en la que se convocará a esta votación, que será en un plazo no mayor a tres meses.

Estos son los mandatos de la Consulta Anticorrupción por los que podrán votar los colombianos: 1) Bajar el salario a los congresistas y altos funcionarios. 2) Quitar los beneficios de cárcel especial a corruptos y prohibirles contratar con el Estado. 3) Contratación transparente con pliegos tipo en todo el país (hoy sólo hay pliegos tipo en infraestructura). 4) Presupuestos públicos con participación ciudadana a través de audiencias públicas. 5) Congresistas deben rendir cuentas claras sobre su gestión, haciendo públicas sus gestiones, votaciones e iniciativas. 6) Hacer públicas las declaraciones de renta e ingresos injustificados de políticos y extinguir su dominio. 7) No más atornillados en el poder: máximo 3 periodos en corporaciones públicas.

Pero desde el mismo proceso para validar la iniciativa se vislumbra que no hay coherencia entre este y el objetivo de sus mandatos, la austeridad. Consideramos que la consulta debería realizarse el próximo 17 de junio para que haya menos costos en la logística electoral, puesto que ese es el sentido del proyecto, evitar el despilfarro de los recursos públicos. No obstante, las normas en nuestro país pareciera que estuvieran hechas para que se siga botando la plata de los impuestos que pagan los ciudadanos; la consulta ni coincidirá con la segunda vuelta presidencial junio ni deberá coincidir en elecciones ordinarias.

Recalcamos que para que esta consulta sea válida, Ley 1757 de 2015, debe participar al menos el 30 por ciento del censo electoral, es decir, unos 12 millones de personas, y para que sea aprobada al menos la mitad más uno deben votar Sí.

Otro vericueto de nuestra jurisprudencia es que si bien los ciudadanos aprueben la consulta, será el próximo Congreso el que tendrá la última palabra. Aun así, la invitación es a hacer valer el derecho a la participación democrática en esta oportunidad histórica para ir cerrándole la puerta a los corruptos que tanto mal le hacen a nuestro país.