Uno de los retos de la empresa de energía Afinia es normalizar el servicio y reducir los fraudes en el departamento del Cesar. Dichas pérdidas no técnicas afectan toda la red y golpean el bolsillo de los que sí pagan la tarifa completa. 

Para eso, han iniciado trabajos con sus operarios en los municipios del Cesar en los que operan, especialmente en Valledupar. No obstante, no han podido ingresar a algunas urbanizaciones y conjuntos por oposición de algunos habitantes.

Lastimosamente, el departamento del Cesar registra la mayor pérdida de energía eléctrica entre las zonas donde la empresa Afinia presta sus servicios. Según cifras recientes, el 38 % de la energía distribuida en el Cesar no se factura ni se consume de manera legal, superando los niveles de pérdidas de otros departamentos como Bolívar (27 %), Córdoba (26 %) y Sucre (23 %).

Sanciones y riesgos 

Desde la empresa señalaron que las manipulaciones en las redes y la insistencia en la ilegalidad provoca un deterioro acelerado de la infraestructura y  poco control en el consumo, que finalmente afecta los transformadores pues trabajan por encima de su capacidad. 

Todas estas situaciones conllevan a una desmejora del estado de las redes y la existencia de riesgos de origen eléctrico para las comunidades. Por eso, la empresa se ha visto obligada a tomar medidas para mitigar los riesgos de accidentes, electrocución, incendios y  fallas de origen eléctrico, como fue el caso de OGB. 

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El fraude de energía eléctrica está penalizado por el Código Penal Colombiano, en el artículo 256. “El que fraudulentamente se apropie de energía, agua, gas o cualquier otro fluido ajeno, será sancionado con prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de uno (1) a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

Además de esos riesgos, las personas que cometen fraudes castigan a los que pagan de dos formas: en primer lugar, afectan la red y la calidad del servicio; y en segundo lugar, hacen que el precio del kilovatio de energía suba. 

La tarifa de energía de Afinia tiene seis componentes, uno de ellos son las ‘pérdidas’, que se refiere a la diferencia que existe entre la energía que compran a los generadores o comercializadores y la que se factura a los usuarios. Esta diferencia en las empresas del Caribe ronda en casi un 30 %.  Un usuario de estrato cuatro, con un consumo promedio de 350 kilovatios hora, paga $60.000 adicionales en su factura por los fraudes que cometen otros.