La ONG Human Rights, dio a conocer un informe llamado ‘El riesgo de volver a casa’, en el que expone distintos casos, en varios lugares del país, de víctimas que han sido sacadas de sus predios luego de ser restituidas.

Según lo publicado por la Organización, en el departamento del Cesar se han mostrado varios casos de despojo, después de que las víctimas del conflicto han sido restituidas.

En el documento se hace referencia a dos casos específicos en la vereda de La Mesa, el de las familias Freite y Rivera.

En un párrafo introductorio, se hace referencia y se ubica al lector sobre la época donde el paramilitarismo golpeó al departamento del Cesar.

“Numerosas evidencias sugieren claramente que, desde 2010, el hermano de un ex comandante de las AUC habría amenazado reiteradamente a varios desplazados por reclamar tierras que este había ocupado tras su desplazamiento forzado provocado por paramilitares aproximadamente en el año 2000.

Las fincas se encuentran en la vereda La Mesa, departamento de Cesar, donde, el 10 de marzo de 2006, 2.545 presuntos combatientes del Bloque Norte de las AUC participaron en una ceremonia de desmovilización junto con su comandante Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40”.

Asimismo, se destaca que en las investigaciones realizadas por Human Rights, se pudo conocer que la mayoría de las amenazas que recibían estas personas, venían de Levi Hernández, hermano de David Hernández, ex jefe paramilitar conocido como alias 39.

El documento reza que “La familia Freite retornó a la finca a mediados de febrero de 2010 y dejó trabajadores allí. Sin embargo, la familia Freite informó que varios días después, Hernández se presentó en la finca, ordenó a los trabajadores que se marcharan y amenazó de muerte tanto a estos como a la familia.

Debido a ello abandonaron la propiedad. Un miembro de la familia Freite que les representa jurídicamente dijo que aproximadamente el 25 de febrero, dos hombres se presentaron en su oficina y le dijeron que habían sido enviados por su jefe, Hernández, para advertirle “que matarían a la familia si no renunciaba a los procesos en su contra”.

El director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal Urrego, hizo énfasis en los casos de despojo que se realizan después de hechos los procedimientos legales para la restitución y manifestó que la ley se debe cumplir y que actuarán para hacer respetar el proceso.

“En estos casos puntuales de amenaza a víctimas, una vez se les restituye el predio, nosotros damos todo el apoyo a la víctima, lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias, todos estos casos los ponemos en conocimiento de la Fiscalía y la Policía, para que se tomen las medidas necesarias; esas personas que están truncando el proceso de restitución se van a judicializar” enfatizó el funcionario.

De igual manera, Sabogal Urrego manifestó que se establecerán reuniones con el Coordinador de Seguridad y se le notificará al juez para que la persona que se atrevió a amenazar a este restituido sea judicializada y que se vuelva a recuperar el predio; “tenemos un equipo de abogados trabajando en esta tarea y vamos a recuperar este lugar cuanto antes”, añadió.

De acuerdo con lo expresado por el Director Nacional de la Unidad de Restitución, no se puede volver a los tiempos de antes cuando los paramilitares y los guerrilleros hacían lo que ellos querían con las tierras de las personas.

“La sentencia se tiene que cumplir, un predio que ya fue restituido no puede volver a ser quitado, y a la persona que se atreva a desconocer el fallo del juez lo vamos a llevar a las instancias penales para que sea castigado por esa conducta con todo el peso de la Ley”, puntualizó Sabogal.

El director nacional de la Unidad de restitución de Tierras aseguró que “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que se cumplan las normas y vamos a judicializar a todo aquel que esté entorpeciendo el trabajo de restitución”.

Por Freddy Oñate Acevedo
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