“Para nosotros cuando se envía a alguien a la cárcel comienza la impunidad, la reparación es la que conduce a la justicia”, así concluyó el palabrero Wayúu, Andrónico Urbay Ipuana, su intervención en el primer Foro Caribe ‘Posconflicto: Desafío de las regiones’ realizado ayer en Valledupar.
Urbay hizo parte de la delegación indígena en el evento donde participaron más de 200 personas entre autoridades locales, regionales, líderes y estudiantes del Caribe.

Por su parte, el ministro consejero para el postconflicto General (r) Óscar Naranjo Trujillo resaltó los retos que afrontará el país en la etapa siguiente a la firma de un acuerdo que logre finalizar el conflicto; conceptualización política, capacidades y cultura institucional.

“Una conceptualización política tiene como propósito que todos los colombianos sintamos que estamos incluidos y que no habrá visiones de la nueva Colombia en paz donde alguien esté por fuera. Cuando revisamos sabemos que tenemos tres capacidades que tenemos que garantizar: la planeación, la ejecución y la responsabilidad de cada ciudadano de transformar su propia realidad. Por último, una cultura institucional, con qué arquitectura institucional y con qué funcionarios asumiremos esta etapa”, precisó el funcionario.

El también miembro plenipotenciario del Gobierno en la Mesa de Conversaciones, finalizó con la afirmación que la paz territorial, dimensión fundamental del posconflicto, no se limita a beneficiar solamente los territorios rurales en Colombia, sino que le apuesta a integrar lo rural y lo urbano.

Las críticas del Procurador
En su intervención en el primer foro ‘Posconflicto: Desafío de las regiones’, el procurador General Alejandro Ordóñez criticó la propuesta de convocatoria para un referendo que le daría más facultades al Presidente Juan Manuel Santos para la firma de un acuerdo de paz con las Farc.

“El Presidente tiene todas las facultades para suscribir un acuerdo con las Farc, no necesita más facultades. Con el M19, con el Epl y con la Corriente de Renovación Socialista se firmaron acuerdos que permitieron su desmovilización con un ordenamiento jurídico que le daba menos  instrumentos a los presidentes de la época, que los que tiene el Presidente Santos”, explicó el representante el Ministerio Público.

Según Ordóñez, de convertirse en realidad esta propuesta se deslegitima el marco jurídico para la paz establecido por la Corte Constitucional.

“Hay que entender que cuando se habla de nuevas facultades para el Presidente, lo que se está diciendo que se debe desconocer la Constitución y se le deben dar poderes omnipotentes para que se haga lo que quiera, como quiera y hasta donde quiera con la justicia que se debe aplicar a los responsables de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”, acotó. 

La Federación Nacional de Departamentos proyecta en otras regiones del país escenarios similares de discusión sobre el proceso de paz y el posconflicto.

Por Martín Elías Mendoza