En días pasados miembros de sector privado de Valledupar, interactuaron con el Ministro Malangón González al respecto de la crisis del sector construcción, de los Pots, de las curadurías urbanas y del futuro del territorio afectado por la línea negra que compromete seriamente la propiedad privada a su interior como espacio ancestral espiritual de las 4 etnias que hacen presencia en las regiones de la Guajira, el Cesar y el Magdalena.

En las intervenciones, se hizo claridad que en materia de vivienda, el Ministerio no debería velar solamente por aquellas subsidiadas para su adquisición, sino también por aquellas que se encuentran en estratos diferentes al interés social como las parcelaciones de casas campestres, industrias e instituciones en suelo suburbano y rural con sostenibilidad ambiental y autoabastecimientos de saneamiento básico. Quedó planteado también el general descontento por la diversidad de impuestos que afectan la construcción, principalmente por la norma para adquirir terrenos para vivienda VIP, pues ésta solo debería aplicar en sectores de interés social y nunca en sectores de estratos sociales diferentes, como actualmente está sucediendo.

Igualmente se le solicitó al dirigente, prestar atención a la crisis que en los próximos meses se presentaría en ocasión del vencimiento de los periodos de 5 años de los curadores de 28 municipios, que tendría que renunciar para evitar desempeñar sus cargos en la provisionalidad, como acto catalogado ilegal, debido a que el Supernotariado ha dejado en la indefinición el concurso de méritos que debería desarrollarse 6 meses antes del vencimiento de los términos y no lo ha hecho.

Asimismo se le puso en conocimiento del mal manejo que los alcaldes y los concejales de los 1.122 municipios del país, que le están dando a las revisiones de los Pot y sus modificaciones excepcionales, llegando al punto de rayar estos actos en intereses particulares y falta de planeación, por la errada interpretación de la autonomía, que le defiere la Constitución a los entes territoriales para la manipulación de los usos de suelos, sin que el Ministerio tome cartas en el asunto.

Por último se le pidió al funcionario de este alto cargo, que intercediera ante el Ministerio del Interior para que asumiera una clara política pública acerca del procedimiento de las consultas previas, para lograr un equilibrio entre los derechos de los ciudadanos del común y de los indígenas, de manera que se posibilitara que dicha consulta se desarrollara durante la revisión de los Pots.

Por Augusto Enrique Orozco Sánchez