Por: Indalecio Dangond 

El documento de seis páginas suscrito entre el Gobierno del presidente Santos y las FARC, el pasado 26 de agosto, en La Habana, Cuba, plantea como primer punto de la agenda de negociación una nueva politica de desarrollo rural que contenga, entre otros, la democratización del acceso a la tierra, la seguridad alimentaria, la formalización de propiedad y llevar desarrollo a las regiones más apartadas del pais.

Pocas cosas más sanas y convenientes para Colombia que se debata abiertamente la politica de tierras y desarrollo rural, y que se construya con todos los actores de la produccion agropecuaria alrededor de este proceso de paz. Infortunadamente, en los ultimos 20 años, la discusión se ha reducido a unos cuantos académicos capitalinos en los salones del tercer piso del club de banqueros en Bogotá. Por eso es que estamos tan fregados.

El “Acta de Acuerdos” que vaya a ser firmada por los integrantes de la mesa de negociación debe apuntar a una política agrícola que enfrente los problemas coyunturales del sector. De igual manera, debe abordar el desarrollo de la agricultura familiar campesina con el fin de establecer una defensa de la explotación familiar agraria como núcleo básico para mantener el empleo del sector, el desarrollo rural y el equilibrio territorial.

Si queremos lograr la paz, tendremos que tener un sector agropecuario competitivo. Para ello necesitamos tener unos objetivos y procedimientos claros, gestados desde el Gobierno Nacional y consultados con los empresarios y agremiaciones del sector agro industrial.

El primer paso es declarar unos corredores geográficos de producción agropecuaria -CGPA- (La altillanura, Catatumbo, Magdalena Medio, los sures de la región Caribe, el Urabá chocoano, los montes de María, Nariño y Cauca). El siguiente camino es determinar de qué tierras dispone el Estado en esas zonas para ser adjudicadas a proyectos productivos de desmovilizados, desplazados y pequeños campesinos que estén integrados a una Alianza Solidaria Agricola (ASA), con empresarios agroindustriales. Esto con el fin de garantizar la asistencia técnica, la transferencia de tecnología, el acceso al crédito y la comercialización de sus productos a precios de mercado.

Estos CGPA deben contar con un plan y presupuesto anual de inversión en infraestructura vial, servicios publicos, vivienda rural gratuita, puestos de salud y – lo más importante-, instituir un servicio de extensión agrícola a través de la creación y construcción de  escuelas superiores agrícolas (remplazan al ineficiente Corpoica), que son de vital importancia en la prestacion del servicio de asistencia tecnica, el avance de la investigación agrícola y en la enseñanza de sucesivas generaciones de agricultores.

La política de subsidios al sector agropecuario debe ser totalmente reformada. Debemos remplazar las ineficientes y corruptas convocatorias del programa DRE, ICR, CIF, IAT, FAG y seguro agrario por instrumentos más efectivos, con menos tramitología y costos financieros al productor del campo.

Deberíamos explorar una exoneracion de impuestos y registro en los trámites de titulación de los predios a los pequeños campesinos, remplazar el Fondo agropecuario de Garantías -FAG- por una Agencia Nacional Hipotecaria Agropecuaria (que elimine las costosas hipotecas bancarias y agilice las garantías de los créditos) y crear un incentivo agroforestal para cultivos de tardío rendimiento. El suministro de agua para riego, debe ser operado a través de una Agencia Nacional de Presas y Canales de Irrigación que proporcione agua a precios subsidiados a los agricultores y los créditos amarrados a una póliza de seguro subvencionada por el Estado.

Presidente Santos, el Estado tiene 6 millones de hectáreas aptas (entre baldios, extinción de dominio y otros), para la agricultura, ganaderia y plantaciones forestales comerciales. Sólo necesitamos voluntad politica y acción.

@indadangond

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