No hay escena más dolorosa que la de ver una madre rogando una limosna para darle de comer a sus pequeños hijos. Los que vivimos en Bogotá vemos esta fotografía a diario en muchos semáforos y entradas a los supermercados. Pareciera que el programa nacional de educación y protección integral de niños y madres gestantes no existiera en la capital del país.

Esta triste situación me motivó a investigar un poco sobre la política pública de primera infancia, la cual tuvo origen en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el año 2002, cuando un equipo de trabajo integrado por el Departamento Administrativo de Bienestar Social, el Centro Internacional de Educación y Desarrollo, Save the Children y Unicef, bajo la coordinación del ICBF, decidieron realizar unos foros para luego construir un marco institucional y un sistema de gestión nacional, regional y local, que permitiera garantizar los derechos de la primera infancia e implementar estrategias para empoderar a las familias y comunidades. Posteriormente, se convirtió en política de Estado a través de la Ley 1804 de 2016, bautizada con el nombre ‘De Cero a Siempre’.

La política pública de atención integral a la primera infancia exige a los entes gubernamentales el cuidado y protección de niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años, y de las madres gestantes en periodo de lactancia, brindándoles protección, salud, nutrición y educación. 

Desafortunadamente, muchos de los alcaldes no están sintonizados con las exigencias y metas de cobertura consignadas en los Conpes y planes de acción del ICBF. Solo basta cruzar la base de la población vulnerable de cada municipio o ciudad capital con la cobertura de atención para darnos cuenta de la cantidad de familias que se están quedando por fuera del programa de nutrición, educación, salud y recreación infantil. 

Cosa distinta está sucediendo en Barranquilla. Para la administración municipal el programa de atención integral a la primera infancia es un tema de suma importancia. Recientemente -en uno de mis viajes de trabajo-, aproveché un espacio libre y me reuní con Patricia Vargas, directora del programa de primera infancia de esa ciudad. Después de escucharla por espacio de una hora le solicité el favor de llevarme a uno de los barrios donde tienen los Centros de Desarrollo Infantil -CDI- y los hogares comunitarios. 

Las instalaciones y el programa educativo que conocí no tienen nada que envidiarle a un jardín infantil de estrato seis en Bogotá. 

En nueve años de ejecución de este programa, las administraciones de Elsa Noguera, Alex Char y Jaime Pumarejo, con la ayuda del ICBF, han invertido más de $597.000 millones, para construir y dotar 149 CDI, mantener 1.400 Hogares Comunitarios de Bienestar y 18 parques con espacios exclusivos para niños, en donde cuidan, educan (con programa bilingüe) y alimentan gratuitamente a 47.800 niños, mientras sus madres y padres van a sus trabajos. Ojalá los demás alcaldes del país copiaran este exitoso modelo de atención a los niños de Barranquilla.

Una sugerencia final. Los alcaldes deberían colgar en sus oficinas esta frase del filósofo y escritor italiano Mirko Badiale: “En cada niño se debería poner un cartel que dijera: tratar con cuidado, contiene sueños”.