Aunque  fueron cámaras análogas, por fuera de tecnología, cuyo contrato  ha sido polémico porque de 54 cámaras solo funciona una, que la arregló la actual administración como  prueba, el motivo que llevó a la Fiscalía ordenar la captura en contra del exalcalde Ciro Pupo Castro, fue el haber establecido que el dinero producto del anticipo girado,  no cumplió con los requisitos exigidos.

El ente acusador consideró que “el valor consignado por la alcaldía de Valledupar, debía ser  utilizado única y exclusivamente para la ejecución del contrato, sin embargo se observan pagos hechos directamente a la Representante Legal de la Unión Temporal Cipecol-SVE LTDA, a Inversiones Era 2000, siendo este el interventor externo del contrato, también se observan cheques girados a Edificio Prados del Polo, a Finanzautos Factoring, donde se nota claramente que esos desembolsos no coinciden con el objeto del contrato 112 de 2007, desconociendo el concepto por lo cual se giraron”.

La Fiscalía acusó a Pupo Castro, alcalde para los años 2004-2007, de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación y le dictó medida de aseguramiento,  por lo que el exmandatario, el pasado lunes se entregó al CTI en Valledupar.

El ente acusador se remontó al 20 de diciembre de 2006, cuando el mandatario celebró, para esa época, el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación número 153 de 2006 entre la Nación, el  Ministerio del Interior y de Justicia, el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana,  FOSECOM y el Municipio de Valledupar, cuyo objeto era el “Suministro, instalación, montaje, prueba, puesta en funcionamiento, garantía y mantenimiento del número único de seguridad 1,2,3 y un circuito cerrado de televisión (CCTV) con video y control en tiempo real, que involucre  equipos activos  y pasivos, en la ciudad de Valledupar, con centro de control y monitoreo”.

Este tenía un  valor de 3.200 millones de pesos, de los cuales el Ministerio aportaba 2.240 millones de pesos y el Municipio 960 millones de pesos  con una duración de nueve meses, contados a partir de la legalización del convenio. La sostenibilidad y mantenimiento del número único de seguridad y del circuito cerrado de televisión sería responsabilidad de la administración, después de cumplirse la garantía y sería responsable de solicitar los permisos a que hubiera lugar para la correspondiente instalación de los equipos del proyecto, en los sitios de ubicación de las torres y postes donde iban a  instalar los enlaces y las cámaras correspondientes.

Según el informe de la Fiscalía, las financiaciones de dirección del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES), serían ejecutadas por la Policía Nacional y las funciones de operatividad serían ejecutadas por la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad del Estado.

Para la época de los hechos, el secretario de Gobierno era Fabio Mendoza  Nobles que, según la Fiscalía, fue quien firmó el análisis de conveniencia y oportunidad el 23 de febrero de 2007 y, el 26 de ese mismo mes, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)  por 960 millones de pesos.

Para el 14 de agosto de ese mismo año, fue suscrito el contrato de suministro número 112, entre Pupo Castro y Diana Isabel Nassiff De Rima, representante de la Unión Temporal  Cipecol SEV  LTDA., compuesta  por la empresa Security Video Equipment LTDA, cuyo representante legal era  Ramiro González Clavijo, para el suministro, instalación, montaje, prueba y puesta en funcionamiento, garantía y mantenimiento del número único de seguridad 1,2,3 y un circuito cerrado de televisión (CCTV) con video y control en tiempo real, que involucrara equipos activos y pasivos, en la ciudad de Valledupar con el centro de control y monitoreo en el municipio, por valor de 3.197 millones de pesos, los cuales serían cancelados el  50% como anticipo por valor de 1.598.809.440 de pesos, una vez efectuara  el Ministerio del Interior y de Justicia el anticipo pactado en el convenio y el resto  mediante actas parciales. La interventoría sería ejecutada por la Secretaría de Gobierno.

El acta de inició fue firmada el 17 de agosto de 2007 y el 26 de octubre del mismo año giraron el anticipo por  1.120.000.000 de pesos que correspondía al aporte del Ministerio del Interior y de Justicia, además de 478.809.440 de pesos, de la parte que debía poner el Municipio de Valledupar. 

Modificaciones

El informe de la Fiscalía asegura que el contrato 112 de 2007 sufrió modificaciones, como fue que en diciembre de 2007 fue suscrito un contrato adicional por  1.350 millones de pesos y  el 31 de ese mismo mes,  fue firmada una  cláusula adicional a la adición del contrato por el término  de tres meses, “es decir que el contrato inicial iría hasta el mes de marzo de 2008; el 14 de febrero de 2008, se acordó suspender el plazo de la ejecución del contrato por un término de 30 días; el 31 de marzo de 2008, se firma el acta de suspensión No. 01 hasta tanto se expidan los permisos por parte de las autoridades competentes tendientes a  autorizar la instalación de las torres para nodos de transmisión en diferentes lugares de la jurisdicción del municipio y el contratista entregue las correspondientes autorizaciones a la entidad contratante”.

Para el 12 de junio de 2008 y bajo otra administración, fue suscrito un adicional  cuyo propósito era  adicionar el plazo de ejecución del contrato principal y su adicional el 17 de julio de 2008 firmaron  un otrosí al contrato número 112 de 2007, que tuvo como objeto principal la modificación de la cláusula de forma de pago del mismo contrato, donde la Alcaldía se comprometió a pagar la suma de 1.011.149.232 de pesos, al contratante en agosto de ese año  y el 16 de febrero de 2009 fue suscrito otro adicional  que estableció como objeto adicionar el plazo de ejecución del contrato en cuatro meses, por lo que éste se prolongaría hasta junio de 2009.

Lo que hay hoy

Según fuentes en la Alcaldía de Valledupar, de las 54 cámaras de seguridad que contemplaba ese contrato, solo funciona una y el contrato caducó.

Estas fueron cámaras análogas, por fuera de tecnología, sin actualización y hoy no las pueden poner a funcionar, porque la actual administración cometería el delito de peculado, según dijo una fuente.

Debido a esto, la ciudad se atrasó en materia de seguridad y el Municipio está a la espera de nuevas cámaras de un proyecto que presentó el Departamento al  OCAD y ya fue aprobado.

Por Redacción EL PILÓN