Por Marllelys Salinas M. / EL PILÓN
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Ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, la Fiscalía 12 seccional develó los detalles por los que estarían siendo procesados el exrector de la Universidad Popular del Cesar (UPC), Carlos Emiliano Oñate Gómez, junto con el exjefe de Planeación del claustro, Libanis Francisco Argüello Daza, y Paola Yuliana Rosado Guerra, en el marco de la investigación que se adelantan en su contra por presuntamente realizar dos contratos de manera irregular en el plantel educativo de este departamento.

El ente acusador indicó en la continuación de las audiencias preliminares que los enjuiciados suscribieron dos millonarios contratos por objetivos similares: uno el 30 de diciembre del año 2015 con el número 031 y otro diferenciado con el 025 del 25 de agosto del año 2017, en donde presuntamente los fines de Implementar el desarrollo de soluciones moduladas de automatización de control de acceso y seguridad de la universidad no se cumplieron a cabalidad.

“El 30 de diciembre de 2015 se suscribió el contrato entre Carlos Emilio Oñate en representación de la Universidad Popular del Cesar en calidad de rector y Paola Yuliana Rosado Guerra obrando en calidad de representante legal de la empresa SMIC Seguridad Mercadeo y Contabilidad SAS… cuyo objeto fue la adquisición de dos software que permitieran el desarrollo de soluciones modulares de automatización de aulas control de acceso y seguridad de la universidad sedes campus por valor de $753.287.354 y plazo de ejecución de cuatro meses, contrato que surgió a la vía jurídica con presuntas violaciones al régimen especial para la contratación que aplica a la universidad, en este caso el Acuerdo 006 del 23 de febrero de 1999 y el Estatuto General de la Contratación Pública, la Ley 80 del 93”, dijo el fiscal Gentil De León Mármol.

Agregó que para dicho propósito el entonces jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Universitario, Libanis Argüello Daza, atendiendo las instrucciones puntuales de Oñate, realizó documentalmente estudios previos de conveniencia y oportunidad para la modernización de la infraestructura de la sedes campus del plantel educativo adquiriendo dos software para dichos objetivos que al parecer fueron incumplidos.

“Se obtuvo declaraciones de la señora Sandra Milena Padilla, actual jefe de la Oficina de Planeación de la universidad, quien afirmó sobre la existencia de un nuevo contrato de suministro de agosto 25 de 2017 cuyo objeto era similar al del contrato 031…por un valor de $219.663.290. Es de resaltar que Sandra Padilla había sido designada como interventora del contrato 025 del que se negó autorizar el pago de anticipo por cuanto advirtió serias irregularidades en los estudios de conveniencia y oportunidad para la adquisición de los bienes y servicios toda vez que muchos ya hacían parte del 031 de 2015”, precisó De León Mármol.

Según la investigación, ante esto peritos en informática de la Fiscalía el 8 octubre de 2018 se desplazaron al claustro educativo para realizar distintas averiguaciones que dejaron como resultado varios hallazgos, entre los que se encuentra que una gran cantidad de elementos a suministrar no ingresaron al almacén general de bienes de la universidad, algunos no funcionan correctamente y otros no aparecen.

“A la fecha no existe por parte de algunos ciudadanos una denuncia penal o documento que acredite que existió durante ese lapso alguna situación que haya generado la pérdida o daños de esos elementos. Para estimar la cuantía en detrimento se realizó un estudio contable de estos que fueron certificados por el interventor como bienes entregados e instalados pero que no se encontraron en esos lugares y se obtuvo mediante informe del 19 de febrero de 2019 que la suma representada en un detrimento corresponde a $133.268.600”, finalizó el fiscal.

Estos hechos inicialmente fueron denunciados penalmente el 31 de octubre del año 2017 por el actual rector de la UPC, Enrique Mesa Daza, por hallar irregularidades en el contrato 031 de 2015.

Así las cosas a los tres implicados les imputaron los delitos de peculado por apropiación agravado y celebración de contrato sin el lleno de requisitos legales, los cuales no aceptaron.

Hasta el cierre de esta edición las partes debatían la medida de aseguramiento que se les impondría a los tres detenidos.