Los penalizados son Luis Eduardo Ramírez Moreno, Luis Gerardo Jaimes, Saydi Gineth Cuesta Melo y Mayerli Puerta Orozco.
El Juzgado Segundo Penal Municipal con función de Control de Garantías de Valledupar envió a prisión a cuatro personas señaladas de extorsionar a nombre de grupos subversivos a cambio de grandes sumas de dinero en el departamento del Cesar.
Los penalizados son Luis Eduardo Ramírez Moreno, Luis Gerardo Jaimes, Saydi Gineth Cuesta Melo y Mayerli Puerta Orozco, quienes deberán responder por el delito de extorsión, endilgado por la Fiscalía en el marco de las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento.
Según la investigación, todos se confabularon con detenidos de diferentes cárceles del país, entre ellos de ‘La Tramacúa’ de Valledupar, con el fin de intimidar a varios ciudadanos.
“Se endilgaban la capacidad de hacer ‘limpieza’ social para constreñir a la ciudadanía y les dieran plata para el aparente ejercicio de su causa; de tal forma que la persona amenazada y por miedo a un ataque contra su vida o su propia familia se veía obligada a acceder”, contó el juez sobre lo expuesto por la Fiscalía.
Al parecer, las llamadas extorsivas las realizaban los privados de la libertad en las distintas cárceles y los ahora procesados se encargaban de cobrarlas.
Es así que alcanzaron a recibir cuotas de $1.000.000 y $1,100.000 durante un prolongado tiempo, hasta que los afectados decidieron denunciar.
Los penalizados son Luis Eduardo Ramírez Moreno, Luis Gerardo Jaimes, Saydi Gineth Cuesta Melo y Mayerli Puerta Orozco.
El Juzgado Segundo Penal Municipal con función de Control de Garantías de Valledupar envió a prisión a cuatro personas señaladas de extorsionar a nombre de grupos subversivos a cambio de grandes sumas de dinero en el departamento del Cesar.
Los penalizados son Luis Eduardo Ramírez Moreno, Luis Gerardo Jaimes, Saydi Gineth Cuesta Melo y Mayerli Puerta Orozco, quienes deberán responder por el delito de extorsión, endilgado por la Fiscalía en el marco de las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento.
Según la investigación, todos se confabularon con detenidos de diferentes cárceles del país, entre ellos de ‘La Tramacúa’ de Valledupar, con el fin de intimidar a varios ciudadanos.
“Se endilgaban la capacidad de hacer ‘limpieza’ social para constreñir a la ciudadanía y les dieran plata para el aparente ejercicio de su causa; de tal forma que la persona amenazada y por miedo a un ataque contra su vida o su propia familia se veía obligada a acceder”, contó el juez sobre lo expuesto por la Fiscalía.
Al parecer, las llamadas extorsivas las realizaban los privados de la libertad en las distintas cárceles y los ahora procesados se encargaban de cobrarlas.
Es así que alcanzaron a recibir cuotas de $1.000.000 y $1,100.000 durante un prolongado tiempo, hasta que los afectados decidieron denunciar.