La “lucha contra las mafias” que trafican con la moneda que inició el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el cierre de la frontera, abre nuevamente un capítulo de crisis entre los colombianos y venezolanos que viven en la zona limítrofe.

“He decidido, así se está comunicando al Gobierno de Colombia y a las autoridades fronterizas del Brasil, prórroga del cierre de la frontera con estricta cooperación militar y policial, 72 horas más viernes, sábado y domingo, 16, 17 y 18, para culminar esta fase”. Esta fue la sentencia del presidente Maduro que puso a tambalear otra vez a las miles de familias de los dos países que quedaron en la mitad de la “lucha” comenzada por el mandatario venezolano. Enfermos, estudiantes, trabajadores y comerciantes, vuelven a sufrir los efectos de tal decisión, cuando se creía superada en parte la crisis que viene desde hace más de un año.

El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, recogió la voz que de muchas personas que esperan que se dé la reapertura de la frontera para que así no se violen los derechos de las familias colombianas y venezolanas y de los comerciantes que actualmente se ven afectados con la medida, porque como lo expresó el representante del Ministerio Público: “para las familias de frontera, no debe haber fronteras”, especialmente en esta época de Navidad y Año Nuevo.

Replicamos el llamado de la Defensoría que invocó el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia que se establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el Estado debe garantizar su protección integral, y por lo tanto pidió a la Cancillería colombiana avanzar en acuerdos con el Gobierno del vecino país, no solo para hacer respetar los derechos de los comerciantes legales, sino de todos los colombianos cuyos vínculos parentales se están perjudicando.

El mismo llamado lo hizo a las autoridades de Venezuela para que respeten y garanticen los derechos humanos de los ciudadanos afectados por el cierre de la frontera. En el departamento del Cesar, así como en La Guajira, hoy residen muchos venezolanos que llegaron a buscar trabajo para sostener a las familias que se quedaron en su país de origen y serían los más damnificados si esta medida continúa porque no podrán compartir con sus familiares.
Esperamos que las autoridades venezolanas resuelvan sus problemas con las mafias de la moneda y todo vuelva a la normalidad.