Las sociedades marcadas por la desigualdad económico-social suelen ser excluyentes, discriminadoras y por ende conflictivas. Así es Colombia, un país donde se discrimina a las personas en razón de la situación económica, pertenencia étnica, militancia política, creencia religiosa, capacidad para desempeñarse cotidianamente y otras formas más. Los discapacitados tienen derecho a atención especial porque soportan simultáneamente diversos tipos de discriminación: atención en salud, educación, transporte, movilización, participación social y mercado laboral. Son un grupo más que vulnerable.
En el mundo hay cerca de 700 millones de personas con algún tipo de incapacidad. Colombia es el segundo país en Latinoamérica con mayor número de discapacitados. Según la ENS (Informe de Trabajo Decente) un 6.4% de la población total del país tiene por lo menos una limitación permanente, es decir, unos 3.5 millones de ciudadanos se encuentran con alguna discapacidad; el 53% son mujeres; muchos se sienten marginados, privados del acceso a servicios indispensables, a experiencias de vida, a la participación en la vida social, económica y política, a las oportunidades de desarrollo como personas/ciudadanos.
Las barreras discriminatorias limitan su integración plena a la sociedad, dificultan el ejercicio de sus derechos y frenan el acceso a trabajos formales. Sólo el 16.6% tiene trabajo estable y apenas el 1.6% está pensionado. En estas condiciones es frecuente que los discapacitados opten por los trabajos informales, por cuenta propia, sometidos a las incertidumbres que implica esta forma de ganarse la vida. Esto se refleja en los ingresos percibidos. Cerca del 60% no percibe ningún ingreso; el 70% pertenece a los estratos 1 y 2 y menos del 1% a los estratos 5 y 6.
La imposibilidad de acceso a un trabajo digno para los discapacitados depende de muchos factores. Inciden los prejuicios sociales por desconocimiento del tema, pero fundamentalmente falta compromiso y voluntad política del gobierno para implementar políticas de promoción laboral, también falta sensibilidad social. Hay que diseñar políticas efectivas de promoción laboral para los discapacitados, programas educativos adecuados y estímulos a los empresarios privados que se comprometan a ocuparlos.
En el Cesar de un total de 19.131 discapacitados, sólo el 18.1% tiene trabajo regularmente; el 0.4% está pensionado y el 12.5% aunque está incapacitado permanentemente para trabajar carece de pensión.
Cansados de la permanente violación de sus derechos y ante la falta de atención a sus problemas, los discapacitados de Valledupar protestaron hace un tiempo con un plantón. Muy significativa resultó una pancarta que decía: Nosotros tenemos una incapacidad pero no somos incapaces. ¡Argumento contundente!