Por: Imelda Daza Cotes

Los conflictos no superados que se convierten en guerras, ocasionan todo tipo de males. Por  supuesto, la muerte es su más cruel expresión. La pérdida de vidas, jóvenes en su mayoría, es la más grave consecuencia, pero también es de enorme impacto el desperdicio de los recursos comprometidos en la guerra. Un alto porcentaje del presupuesto del Estado colombiano se extravía en los vericuetos de la guerra interna que algunos se empeñan en desconocer. El malestar general que se deriva de las tensiones y del peligro, impiden y obstaculizan el normal desempeño de la vida en sociedad  y de la economía, porque actuar en un entorno bélico implica riesgos a veces inmanejables. Los muertos, los heridos, los lisiados, los desaparecidos ocasionan dolor y sufrimiento sin límites. Las víctimas y sus allegados soportan traumas a veces insuperables. Un daño paralelo es el proceso de insensibilización de la población que impotente ante la barbarie intenta ignorarla y mostrarse indiferente.  Igualmente  grave es el drama de los sobrevivientes desplazados, desarraigados, desterrados, y ni qué decir de los rehenes, de los cautivos.
El conflicto es dramático,  debería alarmarnos todos los días e inducirnos a exigir del gobierno la adopción de políticas para superarlo, para acabar la guerra, para procurar la paz. Es ese el deber de un gobierno responsable y no puede haber compromiso más trascendental que  la paz. Es la prioridad, es lo fundamental, es lo urgente. Sin embargo, Colombia parece estar lejos de ese propósito.
Ahora está en discusión una propuesta del gobierno para aliviar  los males de uno de los grupos más afectados. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras busca atenuar el drama de casi 4 millones de colombianos que forzados por los actores del conflicto dejaron su poblado, su sitio de residencia y de trabajo. Son los desplazados que fueron obligados a abandonar su terruño,  los despojaron  de sus casas, de sus parcelas y para arrebatarles sus bienes los amenazaron de muerte o les asesinaron sus familiares, sus amigos y hasta sus vecinos. Es decir, son víctimas de la violencia política ligada al afán de apoderarse de la tierra o de dominar territorios y eso los lanzó al vacío de los centros urbanos, donde son vistos con recelo por los moradores de siempre.  Todo cuanto de malo ocurre en las ciudades, donde la presencia de desplazados es notoria, se le atribuye a éstos. Es muy difícil que el común de la gente entienda los efectos que sobre la conducta de las víctimas tienen el desplazamiento y el desarraigo que implican la pérdida de la identidad, del entorno acostumbrado, del sustento económico, de la seguridad familiar. Es la desadaptación total y en esas condiciones también los valores y los principios se trastocan.
Las mujeres llevan una pesada carga en todo esto. Según CODHES, el 70% de las mujeres desplazadas son cabeza de familia, y el 43% de las familias desplazadas tienen como jefe de hogar a una mujer. También los niños padecen y muchos adolescentes se ven tempranamente expuestos a asumir roles de adultos. ¿A qué tipo de sociedad futura aspiramos con este presente tan sombrío?
La Ley de Víctimas  y la reparación de derechos de la población desplazada exigen atención urgente. Según el mismo informe antes citado,  en 2001, un 85 % de las familias desplazadas declararon ser dueñas o tenían tierras en posesión. Recuperar esas tierras y lograr indemnizaciones por los daños causados es muy importante si se pretende  reparar debidamente los derechos de los desplazados y aliviar así la carga social de la guerra.
El proyecto de Ley ha sido criticado por cuanto las propias víctimas y las organizaciones que las representan  fueron ignoradas al elaborar la propuesta. Además, el cumplimiento de los compromisos que establece la Ley depende de las disponibilidades presupuestales y según ha anotado la bancada del POLO, gran parte de la reglamentación queda sujeta a la voluntad del gobierno, y la Comisión de la Verdad que se crea será una instancia dependiente del ejecutivo, no es autónoma y por ello no ofrece mayores garantías.   El PDA se negó a suscribir la ponencia presentada a la Comisión Primera de la Cámara y  exigen modificaciones tendientes a garantizar la reparación integral de las víctimas. Es de esperar que el gobierno atienda las objeciones hechas al proyecto y que éste se ajuste mejor  a las expectativas de los desplazados. Un mínimo de justicia social evitaría males mayores. Conviene al menos intentarlo.