Por: Imelda Daza Cotes

La desaparición forzada está tipificada por la ONU como un crimen de lesa humanidad. Es un crimen de Estado que viola todos los derechos fundamentales
En Colombia desaparece cada día un activista social o un líder sindical y en 40 años consecutivos de ocurrencia de este delito no hay certeza acerca del total de víctimas. Sus familiares reclaman 250.000 personas desaparecidas. El Estado reconoce 51.000.
La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha registrado 35.086 casos, mientras Medicina Legal reporta un total de 38.255 casos ocurridos en sólo 3 años (2007-2009) período en el cual se disparó el crimen.
Las organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, dicen que la cifra total de desaparecidos llega a 51.000. Por su parte, la Fiscalía General, según informe de enero 2011, tiene documentados 173.183 asesinatos, 34.467 desapariciones forzadas, entre crímenes cometidos por la herramienta paramilitar en el periodo junio 2005 y diciembre 2010 y continua recibiendo denuncias a diario, así es que la cifra crece. Todo esto muestra que en Colombia han desaparecido forzadamente más personas que en los años de dictadura en Chile y Argentina
Esta práctica criminal se hizo evidente  a mediados de los años 70 cuando los grupos paramilitares (MAS) y agentes estatales implementaron la desaparición forzada como una herramienta de lucha política contra sectores contestatarios, contra líderes sindicales, estudiantiles, cívicos e intelectuales. Era la época de las listas negras, grises, blancas elaboradas por los organismos de inteligencia del gobierno para estigmatizar y atemorizar a la población.
En un principio, las autoridades decían que la gente desaparecía voluntariamente porque ingresaba a la insurgencia. Se les llamaba extraviados. Fue entonces cuando se pusieron en práctica algunos manuales de operación militar (Decreto 1537/74 y 1923/78) que otorgaron facultades a la fuerza pública para juzgar a civiles y amplió el poder judicial a la policía. En esta época desapareció en la zona de Bosconia-Cesar, Miguel Jiménez, un consagrado y valeroso líder campesino de la región
En los años 80 se afianzó la práctica de la desaparición forzada sobre todo contra los campesinos para despojarlos de sus tierras y preparar las condiciones para la implementación de los grandes proyectos mineros y de agrocombustibles.
Más adelante, en la década de los 90, este crimen se constituyó en una práctica recurrente por parte de grupos paramilitares que habían penetrado todos los espacios de la vida nacional y contaban con la complicidad de las fuerzas armadas. El propósito era múltiple: atemorizar a las comunidades para frenar las denuncias y someterlas al control paramilitar; eliminar a sectores sociales llamados indeseables, es decir hacer lo que llamaron “limpieza social”; ganar opinión favorable de otros sectores y obviamente desaparecer y exterminar a los líderes que contrariaran y se opusieran al gobierno y a sus planes.
En estos últimos años se ha sabido que buena parte de las víctimas fueron a parar a fosas comunes o a hornos crematorios en haciendas de ganaderos, narcotraficantes o paramilitares. Otras fueron tiradas a los ríos y ciénagas
La natural desconfianza en las entidades estatales así como el temor paralizante que generó todo este accionar, frenaron las denuncias y acentuaron la impunidad frente a estos crímenes de lesa humanidad. Después de casi 40 años de atrocidades, el Estado por fin, mediante la ley 589/2000 considera la desaparición  forzada como un delito y es entonces cuando empieza a ser documentado por los organismos judiciales. El prolongado limbo jurídico sumado a la impunidad ha impedido saber con certeza cuántas han sido las víctimas. En todo caso, contrario a la propaganda oficial, las desapariciones forzadas no cesan, son parte de una dolorosa cotidianidad. Persisten la angustia y el drama de miles de familias que siguen sin saber qué pasó con sus parientes.
Las víctimas y las cifras aumentan cada día en un país en el que los crímenes atroces han desbordado lo imaginable. La desaparición forzada es la impunidad total, es el crimen absoluto que mata al muerto y niega su memoria. Es dolor e incertidumbre, es una tumba anónima, es un cuerpo sin nombre y un nombre sin cuerpo, es el olvido total