Por fin la Asamblea del Cesar tratará la problemática presentada en la ejecución de importantes obras de infraestructura para el desarrollo de nuestro departamento, como es la pavimentación de la vía El Zanjón-Pueblo Bello, la construcción del Estadio Armando Maestre Pavajeau y la sede de la Universidad nacional.

Ojalá los diputados y personajes intervinientes expongan cada detalle, tratando objetivamente frente a la comunidad las verdaderas causas por las que millonarias inversiones llegan a los límites de dolorosas frustraciones y no haciendo parte de una preconcebida treta para presentar mediáticamente como afortunado, el rosario de delitos y omisiones administrativas que ponen en riesgo la eficacia de los dineros de todos los cesarenses.

Para que los anunciados debates tengan legitimidad, obligatoriamente tienen que develar los motivos por los cuales de los treinta kilómetros contratados en la vía a Pueblo Bello solo se ha levantado la carpeta asfáltica en seis, alcanzándose un porcentaje de ejecución inferior al 10% cumplidos casi quince de los veinte meses del plazo inicial de terminación del contrato. Igualmente tendrán que analizar la vulneración del principio de planeación, el cual se convirtió en un saludo a la bandera porque luego de firmado el contrato se determinó que los más de 39.900 millones de pesos no alcanzan para terminar la traumatizada obra y la solución planteada es la de eliminar la construcción de dos puentes, uno en La Honda sobre el río Los Clavos y el otro a la entrada del pueblo sobre el río Ariguanicito.

El caso del Armando Maestre es simpático, están construyendo un parqueadero con estadio; compraron todo un barrio para hacer estacionamiento vehicular dejando la misma capacidad a la del demolido escenario deportivo. Aparte de que toca evaluar la amenaza de fracturas en las graderías, de acuerdo con las denuncias de los supervisores de obras, quienes fueron despedidos por atreverse a denunciar fallas estructurales y de materiales de construcción en las columnas de soporte del estadio.

Y si de la Universidad Nacional Sede Caribe hablamos, urgen explicaciones acerca de los motivos por los que cumplidos casi treinta y nueve meses del actual gobierno apenas va un 25% de ejecución de obra según el mismo régimen, teniendo en cuenta que el proyecto y compra del lote son heredados de la anterior administración departamental. Amén de los cambios de interventoría y otras irregularidades que han empantanado la ejecución de tan fundamental proyecto.

En fin, se presenta en estos debates la oportunidad para que la honorable Asamblea Departamental asuma su verdadera competencia de coadministrar a favor de las comunidades. Analizando las presuntas faltas de supervisión del gobierno departamental, que fácilmente serán utilizadas por las aseguradoras para no responder por las garantías contratadas y luego de que en medios de comunicación se imponga el sofisma de que se evaluó y todo estaba bien, lo que fue un sueño no pasará de ser un detrimento patrimonial donde las grandes vallas publicitarias y las pomposas primeras piedras no se convertirán en bienestar para los cesarenses.

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