En un déjá vu (en francés ‘ya visto antes) se ha convertido la contratación de la alimentación escolar y programas nutricionales que buscan disminuir la desnutrición y crear ambientes propicios para el desarrollo educativo de los menores del departamento del Cesar.

Desde el año 1996 cuando este departamento comenzó a recibir los primeros recursos de las regalías del carbón, comenzó la escalada de actos de corrupción a su alrededor por parte, infortunadamente, de los responsables de administrar los millonarios montos. Justamente el dinero de los niños siempre ha sido el más afectado y dilapidado. Han pasado dos décadas de inversiones de regalías y aún se siguen presentando irregularidades en la inversión y ejecución de regalías.

La Contraloría General de la República acaba de informar que de acuerdo con una Actuación Especial realizada en la vigencia 2015 y primer trimestre de 2016, detectaron hallazgos fiscales en la Gobernación del Cesar por 3.483 millones de pesos, y en  los municipios de  Chiriguaná por 1.609 millones, La Jagua de Ibirico con 1.169 millones y  Becerril 447 millones de pesos.

En el caso de la Gobernación el hallazgo proviene de los contratos 041 del 15 de enero 2015, por 35.161 millones de pesos, y el 1178 del 21 de agosto de 2015 por 17.145 millones, cuyo objeto es el Programa de Alimentación Escolar. Solo en el año anterior la administración departamental contrató más de 52 mil millones de pesos para alimentación escolar, mientras que en La Jagua de Ibirico ascendió a 12.830 millones (7.923 millones del  PAE y 4.907 millones de paquetes nutricionales para niños de cero a cinco años, madres gestantes y lactantes), y contratación similar se dio en Becerril y Chiriguaná, otros dos municipios mineros del Cesar que por años han recibido recursos de regalías para mejorar su calidad de vida.

Es lamentable que en solo estos cuatro entes territoriales estén bajo la lupa de los organismos de control más de 84 mil millones de pesos, todos provenientes del Sistema General de Regalías. ¿Hasta cuándo seguirán las irregularidades en estos contratos de alimentación? ¿Cuál será la mejor fórmula para que estos dineros lleguen a los niños y no a los bolsillos de los contratistas y gobernantes?

No se justifica que el Cesar siga en la lista de departamentos con más casos de desnutrición, teniendo a su alcance tantos recursos para este fin. Si la solución es que la ciudadanía se apersone de los contratos y se convierta en vigilante permanente de su ejecución, entonces que se hagan ver los beneficiarios, que aparten la indiferencia y sean conscientes que los dineros públicos son de todos.

Si no pasa algo en la conciencia ciudadana, seguirán la concentración en manos de únicos oferentes de la contratación en el departamento del Cesar y los municipios de  Becerril, La Jagua de Ibirico y Chiriguaná, en este caso, así como los mayores valores pagados, servicios pagados y no suministrados efectivamente conforme a las obligaciones que emanan de la minuta contractual, entre otras irregularidades.