“Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan el pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El elegido es responsable ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”, artículo 133 de la Constitución Política de Colombia.
Este postulado general, consagrado en nuestra Constitución Política, resume perfectamente la importante misión que tienen los congresistas en Colombia; a donde deben llegar ciudadanos con unas características ejemplares en materia de formación profesional, experiencia, reciedumbre de carácter y honestidad a toda prueba, entre otras excelsas cualidades.
Y es que las elecciones que se celebrarán mañana domingo 14 de marzo, no son unas elecciones ordinarias. Por el contrario, son una oportunidad única para buscar la renovación y la depuración de una de las ramas más importantes del poder público: el legislativo.
Estos comicios se realizan luego de la crisis más grave que ha tenido el Congreso de la República de Colombia, quizás en toda su historia. El proceso de la parapolítica, que afectó casi a la  tercera parte del parlamento, el clientelismo, la corrupción, el desprestigio absoluto de esa rama del poder público, su obsecuencia frente el gobierno que termina, entre otros factores, le dan a estas elecciones parlamentarias una importancia inusitada y mayor a las de las anteriores.
El Congreso que resulte elegido el próximo domingo tendrá una gran responsabilidad con el país en el corto, mediano y largo plazo.
En primer lugar, le corresponderá, analizar, estudiar y aprobar una serie de proyectos de ley que el país requiere con urgencia, en una agenda aplazada en el último año por la incertidumbre política que generó el referendo reeleccionista.
Uno de esos temas, y debido a la emergencia social invocada por el gobierno, está el grave problema del sector de la salud que requiere una revisión integral y cambios a fondo. El país no soporta más pañitos de agua tibia frente a los graves problemas financieros, administrativos y técnicos que sufre el sector y que ha afectado el acceso real de la gran mayoría de los colombianos a unos servicios de manera oportuna y con calidad.
Además de la crisis de la salud, la agenda social incluye volver a establecer una serie de políticas públicas encaminadas a luchar contra la pobreza extrema y lógicamente contra el desempleo, el gran lunar en materia económica del presente gobierno.
Igualmente de complejo y urgente es el problema fiscal. Durante el gobierno del Presidente Uribe Vélez se aplazó una solución de fondo a la situación deficitaria de las finanzas públicas, a pesar de las constantes advertencias que sobre el tema realizó el entonces Contralor General de la República, Antonio Hernández Gamarra, y ratificada posteriormente por un estudio sobre el tema elaborado por una comisión de técnicos en la materia, escogidos por el propio gobierno y liderados por el exministro Rodrigo Botero Montoya, ex ministro de hacienda del Gobierno de López Michelsen.
El problema fiscal sigue igual y su solución plantea una revisión del perfil del gasto público actual, entre la Nación, Departamentos y Municipios, como también al tema de los impuestos.
Al mismo nivel del problema fiscal está el tema de las transferencias de recursos de la Nación a los entes territoriales.
Para los departamentos del Cesar y la Guajira es urgente, además, una revisión del sistema actual de asignación de las regalías, principalmente el tema del escalonamiento que hoy opera en contra de los intereses de nuestro departamento.

La agenda económica es mucho más amplia, variada y compleja; comprende adicionalmente, el rezago que el país afronta en materia de infraestructura, que se ha convertido en un verdadero cuello de botella para el desarrollo nacional.
Además de todo lo anterior, y como hemos insistido hasta la saciedad, desde estas mismas páginas, el nuevo congreso deberá ejercer un verdadero control político y administrativo a las ejecutorias del gobierno que remplace al de Álvaro Uribe Vélez, con independencia, con asesoramiento técnico y pensando en los intereses del país.

De allí que se requieran en el parlamento personas con la debida formación académica, experiencia profesional, idoneidad, moralidad y carácter. Y por eso la gran responsabilidad de los electores de escoger bien por quién votar, pensando en los más altos intereses del país, por encima de cualquier otro tipo de consideraciones; los colombianos debemos elegir un congreso verdaderamente admirable.