El 8 de agosto, se decidirá en el Senado argentino el destino del aborto en dicho país; y a pesar de no ser la primera nación latinoamericana en discutirlo -incluso aprobarlo- sí se encuentra sumergida en un fuerte debate; de un lado, los “provida” que reniegan de la legalización del aborto, del otro los “proaborto” que se escudan en el hecho que la sociedad no debería privar sobre la decisión personal, y que de legalizarse el aborto disminuirían las muertes por la práctica clandestina.

Es por ello que desde hoy, los senadores del Plenario de las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales de Aergentina se han estado reuniendo en el Salón de las Provincias del Congreso para debatir acerca del tema.

Hay cinco puntos claves en este proyecto:

1.-Despenalización / legalización: Aunque sean usados como sinónimos, hay una gran diferencia: El primero sólo implica que no sea juzgado judicialmente, pero seguiría siendo de alguna manera “ilegal”; el segundo apela a la legalidad de la práctica del aborto; y que pueda ser practicado legal y gratuitamente en los centros de salud. A pesar en la disparidad de los términos, se ha llegado a consenso en no criminalizar a las mujeres.

2.- La Objeción de conciencia individual  vs. Institucional: debido a que el Senado argentino prohibió la práctica de la objeción institucional, varios establecimientos médicos -especialmente los de corte religioso- están abogando para que exista la figura de la objeción individual; es decir que si el médico no está de acuerdo con la práctica del aborto, pueda negarse a realizarlo sin que le acarre penalizaciones legales. Por otra parte, más de 2.800 profesionales de la salud firmaron en estos días un compromiso para garantizar la práctica: se llama #ContásConmigo, y dice: “Nuestras razones de conciencia nos dictan no abandonar a su suerte a quienes necesitan abortar, respetar sus decisiones sin imponer nuestra opinión y cumplir las normativas vigentes en un Estado laico que debe velar por los intereses del conjunto de la población sin imponer dogmas de fe”.

3.- ¿Es constitucional o anticonstitucional?: Los que se oponen citan la Constitucional. Entre los panfletos que repartieron entre los senadores se dice que “el derecho garantiza la libertad de pensamiento y expresión, pero reconoce un límite fundamental, que es la afectación de un tercero”, y citan el artículo 19. También sostienen que la Constitución veda la posibilidad de “decidir sobre la eliminación de algunas personas al fulminar con la nulidad absoluta el acto por el que se someta la vida de los argentinos a gobierno o persona alguna” y citan el artículo 29 de su constitución. La vicepresidenta Gabriela Michetti dijo que “la Constitución nacional establece en su artículo 75, inciso 23, que el Congreso debe ‘dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia’”.

Pero en su exposición en el Congreso, el excamarista Ricardo Gil Lavedra había dicho “No hay cepo constitucional ni convencional. Ni la Constitución Nacional ni los tratados internacionales de derechos humanos constituyen un obstáculo para la despenalización. Ninguno manda criminalizar”. La abogada Marcela Rodríguez, también habló en el Congreso, y dijo: “La maternidad forzada debe ser claramente entendida como discriminación sexual. Por eso, una interpretación integral de la reforma constitucional de 1994, no sólo admite, sino que requiere la legalización del aborto. La Constitución del 94 ha cambiado de paradigma de la igualdad formal a la igualdad sustantiva”.

4.-Salud, edad, semanas: el argumento que suele usarse en contra es el Síndrome Post Aborto: que provoca problemas mentales, depresión, suicidios, abuso de alcohol y drogas. Al Congreso fue invitado Vincent Rue, un psiquiatra estadounidense. Pero el Síndrome Post Aborto no figura en ningún manual de psiquiatría del mundo. Tampoco en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) de la Asociación de Psiquiatría Americana. Quienes apoyan la legalización aseguran que la principal causa de riesgo en la salud de la mujer es la ilegalidad de la práctica.

Otra queja de quienes se oponen es la edad. La diputada Carmen Polledo planteó que “una niña de 13 años que no puede comprar un litro de cerveza en la esquina va a poder ir a pedir sola, sin padre madre o tutor, un aborto”.

Por otra parte está el fin máximo que establecen para el cese de gestación, que será de 14 semanas. Luego de eso sólo podrá ser practicado un aborto por las causas ya existentes: violación, riesgo de salud o vida de la mujer, y “si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto”.

5.- Costo para el Estado: un diputado a favor de la vida sostiene como credo que “La implementación del proyecto va a generar algún gasto para las provincias, y es deber y derecho de los senadores conocer esto y estimar su impacto… o el impacto que tendrá en las provincias fronterizas si los ciudadanos de los países limítrofes cruzaran para realizarse un aborto gratuito”. Se decidió que Presupuesto no forma parte del plenario.

Pero el ministro de Salud de la Nación argentina, Adolfo Rubinstein, ya había dicho que “el sistema sanitario está listo para responder. Los costos del aborto se dan con las complicaciones, con el aborto seguro esos costos bajan dramáticamente”.