Continuando con el relato sobre cómo nuestros gobernantes manipulan discursos y esconden las tragedias que ellos mismos causan, como lo ocurrido en El Toco, seguimos detallando lo ocurrido con el contrato 120 del 2017 suscrito en el periodo que la actual Gobernadora del Cesar fue alcaldesa del municipio de San Diego, Cesar, con Consorcio MD representado legalmente por Jhon Alexander Montañez Beltrán.

La comunidad de El Toco fue beneficiada por un fallo de restitución de tierras en donde se ordenó a varias entidades del Estado a brindar atención a los parceleros con diversos programas, por lo que la Gobernación del Departamento del Cesar, en cabeza del entonces Gobernador Franco Ovalle Angarita, con recursos de regalías, consiguió la asignación de recursos para el proyecto en mención, por valor de $1.585.315.443, los cuales fueron trasladados al municipio de San Diego y este último terminó adelantando el proceso contractual e invirtiendo los recursos.

Dicha obra arrancó con muchas dificultades en terreno pues no existían permisos de servidumbre con los dueños de los predios por donde debían pasar las redes que se dirigían hacia El Toco, con el agravante que con los primeros aguaceros del año 2018 a los postes para soportar el fluido eléctrico les sucedió como a la torre inclinada de Pisa en Italia, que se fueron inclinando lentamente a tal punto que hubo que sacarlos y volverlos a ubicar.

Pero ese fue solo el inicio de los problemas en la ejecución del contrato. Resulta que dentro del objeto se benefició también a varios predios colindantes con la vereda El Toco,  y sin justificación alguna, el contratista manifestó que no podía instalar todos los puntos de energía en dichos terrenos pues económicamente no le era rentable por lo que varios propietarios decidieron no permitirle el paso por sus tierras hasta que no les cumplieran lo establecido en el contrato que no era otra cosa que la instalación de las redes de energía eléctrica y debido a todos estos impases se suspendió el contrato en varias oportunidades.

Con todo lo anterior, el contrato se desarrolló entre suspensiones, reinicio, prórrogas y otras suspensiones. Por otro lado, un juez de restitución de tierras en una maniobra aun indescifrable para el mundo jurídico colombiano modula la sentencia dejando por fuera varios campesinos beneficiados con la electrificación y esto permitió que el contratista se acomodara al presupuesto que quedaba, pues ya el anticipo se había agotado.

En toda esta cadena de inconvenientes se perdieron transformadores, postes, cables y pusieron a funcionar las redes con unos transformadores de juguete que cualquier ventilador los hace recalentar, el contrato nunca fue liquidado, la obra jamás fue entregada, son los mismos parceleros de El Toco quienes tienen que pagarle de su bolsillo a un particular para el mantenimiento y los constantes daños de la chambona red y al día de hoy no se sabe cómo la interventoría en cabeza de la empresa CF AOL SAS avaló todas las suspensiones y modificaciones del contrato, todo esto sin que Contraloría, Procuraduría reaccionen, pero ahí sigue padeciendo la comunidad de El Toco.

Esta historia da para capítulos varios como los viejos novelones mexicanos y seguirán nuestros políticos usando discursos para generar lástima por los problemas que ellos mismo provocan.