La noticia que ayer se conoció en el Centro Cívico de Barranquilla donde se llevó a cabo la audiencia de exclusión de Justicia y Paz del ex paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, no tomó por sorpresa a las familias que vivieron el terror que sembró este grupo en la costa Atlántica y en especial en el Cesar. Todo apuntaba a que este escenario llegaría.

Los defensores de derechos humanos y las víctimas que esperaban ansiosas que no lo excluyeran de Justifica y Paz, pierden las esperanzas de saber la verdad, y aunque el exparamilitar Salvatore Mancuso aceptó todos los delitos del Bloque Norte de las Autodefensas por línea de mando, saben que nunca van a conocer detalles de los hechos que los afectaron directamente.

El fallo firmado por los magistrados Gustavo Roa Avendaño, Cecilia Leonor Olivella y José Axel de la Paba, dice claramente: “Las víctimas no sufrirán merma en sus derechos, teniendo en cuenta que en los casos de exclusiones de postulados a la Ley de Justicia y Paz, podrán éstas hacer valer tales derechos ante la justicia ordinaria y de igual manera ante los procesos que se llevan dentro del marco de la justicia transicional de los demás postulados pertenecientes al llamado Bloque Norte de las AUC, esto con el fin último de cumplir con los principios fundamentales del proceso de justicia y paz, como es: dar a conocer la verdad y lograr la reparación a todas y cada una de las víctimas registradas dentro del proceso”.

¿Pero es eso suficiente para ellas? A pesar de que ‘Jorge 40’, como comandante del Bloque Norte de las Auc, se desmovilizó en el corregimiento de La Mesa, al norte de Valledupar, para someterse a la justicia Colombia, solo duró dos años en Colombia antes de ser extraditado a los Estados Unidos, tiempo en el cual solo participó en 15 sesiones de versiones libres, aplazó 14 más, cinco fueron canceladas y no se presentó a otras siete versiones programadas. De ahí su desinterés por colaborar con la justicia colombiana. En esas pocas participaciones aceptó la responsabilidad de 600 crímenes. ¿Pero qué pasó con los otros homicidios, masacres, desapariciones forzadas, secuestros, reclutamiento de menores, torturas, de los que fueron víctimas cientos de personas? La masacre de Nueva Venecia, en la Ciénaga Grande del Magdalena, donde asesinaron a 39 personas; la masacre de Bahía Portete, el 18 de abril de 2004, donde 150 paramilitares al mando de Arnulfo Sánchez González, alias ‘Pablo’, mataron a Margoth Fince Epinayú, una mujer de 70 años miembro de la Asociación Indígena de Autoridades Tradicionales; la masacre de Villanueva, en La Guajira, el siete de diciembre de 1998, en la que fueron asesinadas 11 personas.
Quedarán muchas dudas, interrogantes y heridas abiertas por no saber la verdad.