El jueves 25 de abril, el presidente Gustavo Petro llegó al Cesar y visitó el corregimiento de Media Luna en el municipio de San Diego. Como si se tratara de una misa de Santo Ecce Homo, al evento asistieron todos los políticos simulando preocuparse por sus semejantes, esos responsables de los grandes problemas del Departamento.

En medio del histrionismo de discursos irrelevantes, la gobernadora Elvia Milena Sanjuán y el alcalde de San Diego, Unaldo Rocha, hablaron de la parcelación El Toco, de los problemas que ha padecido y de los proyectos que se están ejecutando y que requieren de la ayuda del Gobierno nacional.

Las cosas como son. Es cierto que El Toco es una comunidad muy golpeada, está en el corregimiento de Los Brasiles, en San Diego, Cesar; el conflicto casi los acaba. El 22 de abril de 1997 en medio de la campaña de despojo de tierras, promovida por los paramilitares, con lista en mano mataron a Daniel Cogollo, líder de la Junta de Acción Comunal, y a Daniel Enrique Parada, secretario de la misma junta, esto ocurría mientras funcionarios corruptos de Incoder adelantaban trámites de compra fraudulenta de tierras y, por otro lado, los paracos desplazaban a campesinos para obligarlos a vender sin recibir nada y acelerar la ocupación violenta de esos predios.

Muchos, con el tiempo, regresaron al Toco, y la justicia, como siempre lenta, logró restituirles a sus verdaderos propietarios, pero es que a estos nobles campesinos los han maltratado demasiado y lo siguen haciendo, les mienten, lo ilusionan con proyectos de fantasía y los estrellan con esos laberintos del tecnicismo de la contratación estatal con los que esconden las peripecias de gobiernos corruptos y proyectos sin futuro. Así ocurrió con Agricel, un proyecto de la Gobernación del Cesar con fecha de inicio del 2021 con el que se reactivaría el campo en estos terrenos, con una duración de 6 meses para ser ejecutado por el CDT ganadero, sin tener la capacidad para ello, como lo reconoció en su momento su director ejecutivo Juan Felipe Orozco, pero hasta la fecha Agricel no ha dado ningún resultado, hoy es un proyecto en ruinas y nadie responde por los más de seis mil millones de pesos invertidos, ni por las ilusiones de los campesinos.

De esto no le habló la gobernadora Elvia Milena Sanjuán al presidente, ni el alcalde Rocha de San Diego, ni mucho menos el senador José Alfredo Gnecco en primera fila, ni el representante Jorge Tovar muy sonriente en el evento. No, eso es mejor dejarlo bajo la alfombra, seguramente pensarán: “Que el presidente solucione la inmundicia que nosotros mismos causamos”.

Pero tanto hablarle al presidente sobre El Toco y a la gobernadora Elvia Sanjuán se le olvidó el contrato 120 del 2017 de su alcaldía, para electrificación rural en esa sufrida vereda, proyecto que costó $1.585.315.443, con un plazo de ejecución de 5 meses, con el objetivo de construir redes de media y baja tensión y así poder llevar energía eléctrica a la parcelación del Toco, contrato que inició el 20 de diciembre del 2017, pero también inició un dolor de cabeza que no se ha aliviado.

Este contrato de electrificación rural debió terminar el 20 de mayo del 2018, pero la alcaldesa de San Diego, hoy gobernadora del Cesar, como la gran mayoría de nuestros alcaldes y gobernadores, primero montó el burro y después quería poner la silla. El municipio empezó tan necesario proyecto sin contar con la totalidad de permisos y servidumbres indispensables para la instalación de las redes eléctricas, conllevando a la suspensión del contrato el 26 de abril del 2018, suspensión avalada por el secretario de Planeación, el señor Leonardo Andrés Zuleta Guerra, actualmente gerente de Aguas del Cesar designado por la gobernadora Sanjuán, su exjefa en San Diego. Pero ojo: para abril del 2018 ya faltaba menos de un mes para la terminación de contrato y para ese momento sólo se llevaba un avance del 16 %, lo que indica que no se esperaba concluir el contrato para mayo ni siquiera llevarlo a un 50 % de ejecución, a pesar que al contratista ya tenía 50 % de anticipo, es decir un poco más de 700 millones de pesos.

Pero eso solo sería el inicio de una insoportable demora, conflictos con familias de la zona para ejecutar el contrato, la electrificación rural funciona a medias, los mismos parceleros tienen que hacerle mantenimientos a las pocas redes que instalaron y por el proyecto nadie responde, ni sabe nada, un reflejo de una improvisación que revictimiza más a El Toco.
Después de Festival, la segunda parte.

Carlos Andrés Añez Maestre