“Una era construye las ciudades, una hora las destruye”. Este enunciado de Séneca calca el acontecer diario en materia de servicios públicos en Valledupar, donde la queja de los usuarios es una constante.

Salas de espera atiborradas de reclamos ante Afinia, Emdupar, Gases del Caribe o Interaseo, reseñadas por los altos recibos, las operadoras de la telefonía móvil celular y las EPS, quejas que recepciona la Superservicios, sin que se resuelva nada, en la mayoría de los casos, por el empoderamiento de estas empresas.

Contrasta Colombia con Finlandia, al noroeste de Europa, donde son tan eficientes los servicios públicos que en lugar de quejas hay demandas. Lo bueno repite y hay que emular la transparencia del país Nórdico, para dejar de ser tercermundistas.

Empresas estatales que demoraron años para estructurarse y nacer a la vida pública, como Telecom, el Seguro Social, Electrocesar y Emdupar, que es la única que sobrevive, fueron privatizadas con la ilusión de acceder a un servicio de calidad, pero como dice el dicho: “Las esperanzas no engordan, pero alimentan a los bobos”.

Surge una nueva apuesta por establecer qué EPS es la mejor, entre Salud Total, la Nueva EPS, Medimás, Famisanar, Coosalud o Coomeva (excluyendo a Sanitas), para concluir que todas son iguales de malas y en cada una predomina la dictadura de los mandos medios.

El mismo escenario se presenta con las empresas de telefonía móvil: Claro, Movistar y Tigo, entre los más populares, y es patético el desespero de la gente por cambiar de operador, sin saber que es el mismo engaño con diferente anuncio, sumado al argumento de ampliar la capacidad en megas, pero no cesa la debilidad y caída de la señal.

De Afinia ni qué hablar, no mandan los recibos y en forma rauda cortan la energía, aún estando al día el usuario, pero la reconexión demora hasta 48 horas, a la espera de que se radique la queja y agenden la visita, en el mejor de los casos, mientras al usuario se le dañan los productos refrigerados y se le priva de un buen sueño por el calor.

Por los lados de la Alcaldía, evitar que se roben un área de cesión o reciclar en una zona residencial, lo que prohíbe el artículo 011 del 5 de junio de 2015, reglado por el POT, implica un derecho de petición para subsanar mediante un proceso dilatorio lo que se consumó por la vía de hecho en un abrir y cerrar de ojos.

Lo más insólito es escuchar que un acto administrativo no se pueda solicitar vía WhatsApp, cuando por efecto de la pandemia tiene más valor y rigor jurídico la virtualidad, que hacerlo verbal o por escrito (Decreto Legislativo 806 de 2020), firmado por el presidente Duque y sus ministros.

Para anular la elección de la rectora de la Universidad Popular del Cesar, Darling Francisca Guevara Gómez, el Consejo de Estado aguardó un año y cinco meses y propició la interinidad de rectores por encargo, lo que ahondó la crisis de la Alma Mater.

Y si seguimos escudriñando no terminamos, porque de las más de seis millones de leyes que nos rigen muchas no se han estrenado y otras son letra muerta, como la acción de repetición que a nadie se le ha aplicado a pesar de los carteles y escándalos de corrupción en el sector público.

Pero pierna arriba le esperan al Estado decenas de miles de demandas al no aplicarse la doble asesoría, que es mandato de la Ley 100 y jurisprudencias de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, respecto al traslado de afiliados de Colpensiones a los Fondos Privados, lo que representó una monumental estafa para las personas que estaban a punto de pensionarse.