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Judicial - 3 marzo, 2022

Lo condenaron por pedir dinero a cambio de ‘favores’ en juzgados de Valledupar

Betancourt responderá por los delitos de concusión, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público, sin derecho a tener beneficios como la detención domiciliaria, la libertad condicional y la suspensión condicional de la pena. 

El sentenciado se allanó a los cargos. 
El sentenciado se allanó a los cargos. 
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El Juzgado Tercero Penal del Circuito con función de Conocimiento condenó a 85.5 meses de prisión al exfuncionario Max Dechner Betancourt Ariño, investigado por haber recibido dinero de reclusos a cambio de gestionar diligencias desde el centro de servicios de los despachos de ejecución de penas en Valledupar.  

Betancourt responderá por los delitos de concusión, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público, sin derecho a tener beneficios como la detención domiciliaria, la libertad condicional y la suspensión condicional de la pena. 

Los hechos denunciados ocurrieron en el año 2017. El procesado visitaba la Penitenciaría de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como ‘La Tramacúa’, donde comenzó a pedirle a algunos reclusos dinero a cambio de adelantarles trámites que no le correspondían y cambiar el Juzgado que vigilaba sus condenas para que obtuvieran la libertad.  

Según la investigación, Betancourt hacía la promesa mostrando documentación falsa que aparentemente estaba certificada por la Coordinación de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad. 

Uno de esos casos fue registrado el 27 de julio de 2014. El servidor le pidió $3.200.000 a un interno para ayudarlo a quedar en libertad, pero tras ser consignada la suma monetaria la gestión no fue materializada, por lo que la esposa del recluso denunció el engaño y exigió la devolución del dinero. 

El otro que se declaró burlado fue el interno Luis Omar Monsalve Páez, este aseguró que le exigieron la suma de $4.000.000 de los cuales entregó $3.500.000 para que cambiaran su caso de juez de ejecución de pena y no sucedió. 

Las circunstancias fueron aceptadas por el exfuncionario al ser judicializado ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de Control de Garantías. “Además del allanamiento a cargos, obran en las diligencia medios cognoscitivos  que permiten razonablemente alcanzar el conocimiento, más allá de toda duda, sobre la existencia de los  delito atribuidos  y  la responsabilidad del procesado, entre los que se destacan:  la denuncia penal formulada por los señores Marelis Molina Rivadeneira y Luis Omar Monsalve Páez, el Acta de posesión No 137 por medio del cual se posesiona Max Dechner Betancourt Ariño en el cargo de escribiente del Centro de servicios nominado de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar”, concluyó el fallo. 

Así las cosas, el despacho ordenó el traslado del procesado al establecimiento carcelario debido a que actualmente estaba cumpliendo una detención domiciliaria en una vivienda de una urbanización de la capital del Cesar. 

Judicial
3 marzo, 2022

Lo condenaron por pedir dinero a cambio de ‘favores’ en juzgados de Valledupar

Betancourt responderá por los delitos de concusión, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público, sin derecho a tener beneficios como la detención domiciliaria, la libertad condicional y la suspensión condicional de la pena. 


El sentenciado se allanó a los cargos. 
El sentenciado se allanó a los cargos. 
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El Juzgado Tercero Penal del Circuito con función de Conocimiento condenó a 85.5 meses de prisión al exfuncionario Max Dechner Betancourt Ariño, investigado por haber recibido dinero de reclusos a cambio de gestionar diligencias desde el centro de servicios de los despachos de ejecución de penas en Valledupar.  

Betancourt responderá por los delitos de concusión, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público, sin derecho a tener beneficios como la detención domiciliaria, la libertad condicional y la suspensión condicional de la pena. 

Los hechos denunciados ocurrieron en el año 2017. El procesado visitaba la Penitenciaría de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como ‘La Tramacúa’, donde comenzó a pedirle a algunos reclusos dinero a cambio de adelantarles trámites que no le correspondían y cambiar el Juzgado que vigilaba sus condenas para que obtuvieran la libertad.  

Según la investigación, Betancourt hacía la promesa mostrando documentación falsa que aparentemente estaba certificada por la Coordinación de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad. 

Uno de esos casos fue registrado el 27 de julio de 2014. El servidor le pidió $3.200.000 a un interno para ayudarlo a quedar en libertad, pero tras ser consignada la suma monetaria la gestión no fue materializada, por lo que la esposa del recluso denunció el engaño y exigió la devolución del dinero. 

El otro que se declaró burlado fue el interno Luis Omar Monsalve Páez, este aseguró que le exigieron la suma de $4.000.000 de los cuales entregó $3.500.000 para que cambiaran su caso de juez de ejecución de pena y no sucedió. 

Las circunstancias fueron aceptadas por el exfuncionario al ser judicializado ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de Control de Garantías. “Además del allanamiento a cargos, obran en las diligencia medios cognoscitivos  que permiten razonablemente alcanzar el conocimiento, más allá de toda duda, sobre la existencia de los  delito atribuidos  y  la responsabilidad del procesado, entre los que se destacan:  la denuncia penal formulada por los señores Marelis Molina Rivadeneira y Luis Omar Monsalve Páez, el Acta de posesión No 137 por medio del cual se posesiona Max Dechner Betancourt Ariño en el cargo de escribiente del Centro de servicios nominado de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar”, concluyó el fallo. 

Así las cosas, el despacho ordenó el traslado del procesado al establecimiento carcelario debido a que actualmente estaba cumpliendo una detención domiciliaria en una vivienda de una urbanización de la capital del Cesar.