Comentábamos en la nota editorial de ayer algunos aspectos del Acuerdo Para la Prosperidad realizado por el Presidente Juan Manuel Santos en Valledupar, en el Colegio de Comfacesar.
Entre las cosas positivas del mismo, consideramos necesario incluir los anuncios sobre la minería, en el sentido que su gobierno establecerá unos parámetros más exigentes para el desarrollo de esta actividad principalmente en lo relacionado con el tema ambiental, el desarrollo social y la responsabilidad social empresarial.
Compartimos con el presidente que el país tiene la obligación y la necesidad de distinguir varias clases de minería. En su concepto,  una cosa es la minería formal y otra, bien distinta, la minería informal y la minería ilegal o criminal, como la llamó el primer mandatario.
A esa minería ilegal el Estado le ha declarado la guerra; hoy es fuente de recursos de grupos armados ilegales, de la subversión y hasta de las bandas criminales.
Otra cosa es la minería formal y legal, y a esta, insistió el presidente, se le dará todo el apoyo estatal, por eso es considerada una locomotora en el plan de desarrollo, pero también se le harán más exigencias en materia ambiental y social. En este sentido, consideramos necesario solicitarle al Presidente Santos que no se le quite al gobierno departamental las facultades de fiscalización de esta actividad y – por el contrario- se fortalezcan las mismas. Hoy el esquema institucional que tenemos en el país y en el Cesar para vigilar la actividad minera es muy débil y poco experimentado.
Otro aspecto positivo del Acuerdo para la Prosperidad es que permitió en Valledupar, un encuentro, así fuera breve, entre los gobernadores del Cesar, la Guajira, Atlántico y Magdalena. Creemos que es muy importante para el desarrollo de la Región Caribe el intercambio de experiencias, la articulación de esfuerzos y la comparación de políticas y ojalá la coordinación de proyectos comunes entre estos entes territoriales.
No obstante, consideramos negativo que no se les permitió a los Alcaldes de los municipios del Cesar una mayor intervención ante el Presidente de la República, para que plantearan, así fuera a través de un vocero, su problemática en materia de falta de preparación y experiencia institucional en la formulación de proyectos para acceder a los recursos de regalías, su problemática en materias de vías terciarias y de la crisis de los hospitales, para señalar sólo algunos temas.
Pensamos que los Acuerdos para la Prosperidad deben ser un canal de comunicación de doble vía, donde las regiones escuchen al Presidente y a sus ministros, según el tema; pero también este y su equipo escuchen a los municipios y las regiones, teniendo en cuenta la problemática particular de cada una de ellas.
El aspecto feo del Acuerdo por la Prosperidad fue el tema de la sede de la Universidad Nacional para la Región Caribe, ubicada en La Paz, Cesar. El proyecto no recibió la importancia que tiene y el Presidente Santos volvió a hablar de la figura de la ciudadela universitaria en el sur del departamento, como lo viene planteando la Ministra de Educación, María Fernanda Campo; como nos hubiera gustado que ella se hubiera hecho presente en Valledupar y que el Presidente se comprometiera con el proyecto de la sede de la U. Nacional que, por lo visto, no tiene ningún futuro.
Nuevamente, planteamos que el Presidente y su equipo le debe hacer algunos cambios a los Acuerdos para la Prosperidad y que los mismos sean utilizados para explicar y divulgar sus políticas y su gestión, pero también un escenario para escuchar a las comunidades y a los mandatarios seccionales de las distintas regiones del país.