La Universidad Nacional de Colombia y la Gobernación del Cesar están en la obligación de llegar a un acuerdo que permita el avance de la construcción de la segunda fase del centro educativo en La Paz. Es una obligación moral y ética de ambas entidades porque está en juego la esperanza de formarse como profesionales de miles de jóvenes  de la región.

Para ser claros: la Gobernación ha resultado ser pésima ejecutora, ha dado grandes muestras de socializar poco al no escuchar a la gente en la identificación de las necesidades, planeación, diseño de los proyectos y en su contratación, interventoría y seguimiento de los mismos. Y la transparencia deja mucho qué desear, y es delicado, cuando los pliegos tipos -que no son una garantía de honestidad 100 % pero ayudan- no son de obligatoria adopción legal para ese tipo de  infraestructura distintas a las vías.

En  el manejo de recursos, sobre todo cuando se habla de $80.000 millones, es normal que aparezcan diferencias jurídicas – que aparentan lo que en realidad pueden ser (intereses económicos en la contratación); sin embargo, contrario a caminar en sentido contrario deben aunarse esfuerzos pues los recursos  nacionales son de  un 70 % y 30 % departamentales (de regalías del carbón). La universidad tiene  el conocimiento académico y el reconocimiento por su calidad y la Gobernación también puede hacer seguimiento e interventoría de la ejecución que haga aquella.

Es una obligación hablar de la primera fase de la Universidad, entender qué pasó y no repetir esos errores. El contrato de ejecución, con más tropiezos que éxito, fue puesto en marcha desde el 23 de agosto de 2013, con un plazo de terminación inicial de 18 meses. A los cinco años de haber iniciado la obra estuvo cerca de fracasar. Afortunadamente, fue inaugurada casi 6 años después.

¿Cómo no repetir errores?  En primer lugar la transparencia. El contratista seleccionado debe tener la idoneidad,  experiencia y una oferta competitiva.  Segundo, las veedurías independientes deben participar desde el momento inicial. En la primera fase la veeduría  jugó un papel fundamental para que se terminara.

La Nacional es un polo de desarrollo para el departamento y  nos ha dado excelentes noticias. Ejemplo fue la renovación de la Acreditación de Alta Calidad Multicampus para sus nueve sedes. El reconocimiento comprendió las sedes de Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira y sus sedes de presencia nacional en Amazonía, Caribe (Cesar) y Orinoquia.

Durante muchos años rogábamos por tener una universidad con acreditación de alta calidad en el Cesar, ahora tenemos dos, siendo la Nacional del sector público. Entonces, teniendo un baluarte como este  es normal que como sociedad estemos preocupados por su futuro. Las diferencias y la desconfianza no pueden frenar el avance de esta región. Desde la sociedad civil, todos los sectores, privados y públicos, debemos unirnos   y ejercer presión a las autoridades para que trabajen de forma conjunta y dejen a un lado cualquier ego o diferencia inferior al compromiso que tienen como líderes.