Líderes sociales de El Paso, Cesar, viven con temor por sus vidas desde el pasado 3 de diciembre de 2024, debido a un panfleto emitido por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) que los declaró “objetivos militares”. Este tipo de amenazas se inscribe en un contexto más amplio de violencia en el país, donde en lo que va del año se han registrado al menos 155 asesinatos de líderes sociales, lo que refleja la grave crisis de seguridad que enfrentan aquellos que trabajan por el bienestar de sus comunidades.

Rafael Jiménez, líder social de El Paso, Cesar, es defensor de los derechos de la población LGBTIQ+ y un promotor de la inclusión social del programa Jóvenes de Paz. Su trabajo en la creación de la política pública para este sector ha sido fundamental en un departamento carente de políticas para la población sexualmente diversa. 

En este contexto, Jiménez ha sido objeto de amenazas directas y ataques directos en contra de su integridad, como el vivido en el 2021 en el que casi pierde la vida. Esta situación ha llevado a la Defensoría del Pueblo del Cesar a emitir una “alerta temprana” en abril de 2024, reconociendo el riesgo inminente que enfrenta Jiménez y otros activistas de El Paso.

Los muertos en el territorio no son falsos

Jiménez señala que no solo corre en riesgo su vida sino también la de sus dos padres que dependen completamente de él. A pesar de contar con medidas de protección proporcionadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP). “Las medidas no garantizan nuestras vidas”, declaró Jiménez.

“Yo estoy haciendo acciones en el territorio con los firmantes y en ese panfleto me catalogan de ser de la guerrilla, entonces a mí sí me preocupa porque incluso ayer estaba trabajando con los jóvenes firmantes del acuerdo en el territorio, con un programa que se llama Jóvenes por la Paz. Aunque la Policía diga y quiera normalizar que los panfletos son falsos. A mí sí me preocupa, es la situación, no solamente mía, sino de los demás líderes que aparecen. Ahí está una profesora, líder del Consejo Comunitario Afrodescendiente, está el señor Nelson Bello, presidente del desarrollo local, está la señora María Jeneth que es teatro, estaba otro presidente Fredy Rueda. Entonces nosotros hemos denunciado y más nos dicen que no hay salida. Ayer, doble asesinato en la mañana, la Policía dice que la redacción, que los horrores de ortografía (en el panfleto del 3 de diciembre) le dije: “Pero vamos a revisar los panfletos que dejaron a los muertos””, asegura el líder.

Jiménez ha compartido que su madre ha estado sufriendo insomnio debido al temor por su seguridad. Este ambiente tenso lo llevó a suspender actividades en su organización para proteger a quienes dependen de él: “He asumido una responsabilidad con el Consejo de Paz y he decidido suspender todas las actividades en el territorio mientras existan garantías para desarrollarlas”.

Impacto del activismo en El Paso

El Paso es uno de los municipios más afectados por la violencia contra líderes sociales en el departamento del Cesar. Según José Silva Maestre, presidente de la Federación Comunal del Cesar, más de 90 líderes comunales han sido amenazados en esta región durante los últimos dos años. Los municipios más críticos incluyen El Paso, Valledupar, Pueblo Bello y Aguachica, donde las comunidades enfrentan constantes presiones por parte de grupos armados ilegales.

Jiménez ha estado trabajando arduamente para promover políticas públicas que beneficien a la población LGBTIQ+ y ha logrado avances en la inclusión y restablecimiento de derechos de la población sexualmente diversa en El Paso y al sur del Cesar. 

El logo de la UNP en el celular

“Hay una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo del departamento desde abril, la medida de protección que tengo en este momento obedece a ese proceso que se hizo de esa acción temprana. Bueno, me contactaron para darme un riesgo extraordinario, pero extraordinario es de un chaleco, tiene un teléfono celular y ahí paran las medidas, o sea, esa fue la medida de protección, de el acto administrativo me llegó en el mes de agosto. Hasta que regrese (a El Paso) esto es con lo que me voy a salvar yo, cuando me vengan a matar (saca un celular con un fondo de pantalla con el logo de la UNP), que yo agarre celular con el logo de la UNP y ellos se detienen o me matan porque el chaleco no ha llegado desde agosto”, cuenta Jiménez.

La situación actual exige una respuesta inmediata tanto del gobierno nacional como local para garantizar la seguridad y protección efectiva de los líderes sociales. A pesar de las alertas tempranas emitidas por organismos como la Defensoría del Pueblo, muchos líderes siguen sin contar con esquemas adecuados de seguridad. Jiménez se pregunta: “¿Qué líder hoy cuenta con un esquema de seguridad o protección?, ¿Cuándo se implementará el Plan Integral de Protección en el Cesar?”.

La protección a líderes que implementan acciones benéficas en relación a los derechos humanos en los territorios está avalado por el Decreto 660 del 2018: “Crear y reglamentar el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios”. Sin embargo, en el departamento ni se ha creado ni reglamentado dicho programa aún.

Hay que recordar que la cifra de 155 líderes sociales asesinados en Colombia hasta noviembre de 2024 merece de medidas más urgentes por parte de las autoridades y el departamento, porque las amenazas en El Paso van dirigidas también a docentes de colegios públicos que han tenido que desplazarse para conservar sus vidas.

Por: Redacción EL PILÓN.