Atemorizar a los inversionistas nacionales y a los extranjeros es lo que podría generar la nueva Ley de Tierras que pretende implementar el Gobierno Nacional vía ‘fast track’ ante el Congreso de la República. Así lo subrayó el experto en política de Financiamiento Agropecuario, Indalecio Dangond Baquero.

“Es fundamental que el proyecto contemple un mensaje muy claro, que en la actualidad no tiene, que sea capaz de generar confianza y seguridad jurídica, porque lo que está creando es pánico. Primero lo redactaron muy mal y segundo poco lo han socializado. El proyecto no le está garantizando a los inversionistas nacionales y a los extranjeros que pretendan desarrollar un proyecto productivo en Colombia. Con este proyecto que se presentó no se va a generar tranquilidad jurídica y va a ser muy difícil vender una inversión en Colombia en el sector agropecuario”, señaló.

Para el director de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, José Félix Lafaurie, la Ley de Tierras es sinónimo de expropiación y “de algo más grave que es extinción de dominio, que es la máxima sanción que un Estado le pone a un particular o cualquier titular de un bien privado. Por consiguiente, aquí estamos al borde de un abismo que cuando el país se precipite por él, va a ser muy difícil recoger sus pasos”.

Al respecto, el representante del Fondo de Ganaderos del Cesar, Hernán Araújo Castro, aseguró en estos momentos existe una gran incertidumbre en el sector agropecuario con lo que se está planteando puesto que no hay claridad sobre muchos temas. “Hay una variación incluso del gobierno a raíz de las críticas que han surgido. Ya el gobierno está hablando de dividir un decreto-ley en dos, haciendo uso de las facultades que tiene el Presidente; se trataría la formalización de aquellos predios que muchos campesinos tienen, pero que no disponen de la propiedad formal, por lo que proponen realizarlo mediante decreto por la Agencia Nacional de Tierras”, acotó.

Agregó que la preocupación de los ganaderos y de los propietarios de tierra es el riesgo de que vía ‘fast track’ en el Congreso no se haga un análisis profundo del riesgo que hay de la propiedad privada en Colombia, que es el soporte de la democracia.

“Sin tierra no hay campo, con tierra en riesgo tampoco hay campo. En Colombia el problema no es tanto de distribución de tierras, es la carencia de instrumentos eficaces que permitan su dinámica de crecimiento y su producción. El acceso al crédito, especialmente para los pequeños productores, es extremadamente limitado. Aquí la asistencia técnica casi no existe; los canales de comercialización son manejados por monopolios que terminan golpeando al productor y al consumidor”, detalló Araújo Castro.

El presidente del Comité de Arroceros de Valledupar, Joaquín Tomas Ovalle, considera que el primer borrador que presentó a nivel nacional el director de la Agencia Nacional de Tierra, Miguel Samper, es un exabrupto que atentaba contra la propiedad privada. “Nuestra posición es que hay que respetar la propiedad privada. Estos temas tienen que ser consultados en el país, no puede ser una decisión unilateralmente que se dé con el gobierno encerrado a manteles con las FARC. Ojalá el Congreso de la República sea consciente y no esté sesgado por la mermelada y aprueba esa barbaridad que el gobierno planteaba”, sustentó.

Él teme que ocurra algo similar que en Venezuela, donde le dieron facultades al entonces presidente Chávez, empezaron a atentar contra la propiedad privada urbana y luego contra la propiedad privada en el área urbana.

Iván Hinojosa Aricharico, del gremio de cacaoteros, califica el proyecto de Ley de Tierras como un ‘desastre’. “Con esa nueva Ley de Tierras considero que no va a traer muchos beneficios porque si a un parcelero le dan tierras, después con qué va a trabajar. Aquí Lleras Restrepo y otros gobernantes hicieron un remedo de Reforma Agraria y todo se quedó en el papel porque el gobierno le dio la tierra a algunos en el proyecto de Incora, entregándoles tierra, ganado, plata y al año no tenían nada”, sostuvo.

Para Hinojosa, la realidad es que los que dinamizan la economía son los que tienen el recurso y que el Estado a lo que debe de apuntarle es a una buena estrategia de mercadeo y comercialización para que los que están en el campo puedan surgir, olvidando quitarle la tierra a unos para dárselo a otros.

Gobierno departamental en desacuerdo

El secretario de Agricultura del Cesar, Carlos Eduardo Campo Cuello, considera que a este proyecto le falta decantación para que pueda crear desarrollo y apoyar al sector agropecuario. “Así como está la Ley genera inestabilidad, como efectivamente está pasando. La idea es que sea corregida en varios puntos como el quitarle los conceptos jurídicos a la Agencia Nacional de Tierra, pues deja un mal mensaje a los inversionistas privados”, enfatizó.

Para Campo Cuello como está el proyecto de Ley no es procedente, argumentando que “seguramente habrá que hacerle modificaciones, donde no se mine la confianza inversionista y privada. El tema es pensar en las herramientas que van apoyar a la productividad al campo. Antes de pensar que el aparato productivo no está siendo productivo tenemos que pensar si le estamos entregando las herramientas productivas, asistencia técnica, acceso crédito y todos los paquetes tecnológicos y de apoyo para llegar a considerar la posibilidad de expropiar y eso no ha sucedido por una sencilla razón: porque en Colombia le ha faltado una verdadera política rural y productiva. No le hemos dado la mano como debe ser al sector agropecuario con un presupuesto de 1.3 billones de pesos el Ministerio de Agricultura no puede considerar que ha cumplido la labor del campo”.

Ley tiene cuatro vacíos

El experto en política de Financiamiento Agropecuario, Indalecio Dangond Baquero, explicó que el proyecto de ordenamiento social de la propiedad de tierras rurales tiene ‘cuatro pecados’ o vacíos muy grandes:

-El proyecto establece como condición para garantizar los derechos de propiedad, tenencia y uso de la tierra que exista una coincidencia absoluta entre los registros oficiales de las autoridades catastrales y las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos con la realidad geográfica de los predios.

“Esto es grave y tiene dos efectos inmediatos: se desconoce una tradición jurídica, según la cual la propiedad inmueble se soporta y se prueba con base en el registro de instrumento público de la propiedad; es decir, a través del certificado de tradición y no en los registros de catastro, cuya función es la identificación de los usos del suelo y la valoración de ese predio. Desconocen los derechos de los propietarios con larga tradición, cuya cabida fue medida con instrumentos, en ese entonces con baja precisión. En efecto, en aquellos casos si se aprueba ese artículo en aquellos casos donde no exista coincidencia absoluta entre el registro y catastro y el área medida del predio, la Agencia Nacional de Tierra va a entrar a reclamar como baldío esa diferencia, en detrimento del propietario legítimo”, sustentó Dangond Baquero.

-El otro problema de ese proyecto de Ley, de acuerdo al experto, y allí coinciden casi todos los gremios de la producción agropecuaria, en que no resulta conveniente y atenta contra la seguridad jurídica que la Agencia Nacional de Tierra tenga funciones jurisdiccionales, sobre las cuales debe estar solo en cabeza de los jueces. Además la Corte Constitucional, mediante sentencia 1159 del 2008, indicó que la declaratoria de los derechos sobre la propiedad es una función esencial de la Administración de Justicia no de una entidad del Estado.

-Otro tema que causa pánico en esta nueva Ley de Tierras es la expropiación y adquisición directa. Si bien se mantienen los criterios para la expropiación o adquisición por negociación directa, la norma con el fin de dar seguridad jurídica debería hacer referencia expresa a la remuneración o pago de las compensaciones a las que tiene derecho tanto el propietario como terceros inscritos.

-Extinción de dominio: preocupa la causal relacionada con la explotación del predio en actividades relacionadas con la UPRA; es decir, quieren que si la UPRA que es una entidad del Estado que se creó para que oriente qué cultivar, no obligue a cultivar lo que ésta imponga. “En Colombia no nos pueden obligar a sembrar determinados cultivos porque hay que analizar mercados y condiciones climáticas, según la región del país”, explicó Dangond Baquero.

“Estos cuatro puntos estoy seguro los van a quitar porque en vez de generar confianza inversionista, lo que está generando es un pánico inversionista, y lo que necesitamos ahora es tener seguridad jurídica de nuestra propiedad para poder producir los alimentos que están requiriendo los 49 millones de colombianos todos los días”, puntualizó.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN