El pasado 6 de enero fue sancionada la Ley 2191 de 2022, por medio de la cual se regula la desconexión laboral de los trabajadores vinculados bajo diferentes modalidades de contratación, a la luz del ordenamiento jurídico colombiano. 

La Ley de Desconexión Laboral tiene como propósito garantizar el disfrute efectivo del tiempo libre, el descanso, las licencias, los permisos y vacaciones para conciliar la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores en Colombia. 

En palabras simples: la Ley 2191 de 2022 busca proteger el derecho que le asiste a todos los trabajadores a no ser contactados para asuntos de trabajo por fuera de la jornada laboral y así garantizar el tiempo libre y el descanso.

El Artículo 3 de La ley 2191 de 2022 aborda una interesante definición del concepto de desconexión laboral. La mencionada disposición consagra la desconexión laboral como un derecho que tienen todos los trabajadores y servidores públicos a no tener contacto por cualquier medio o herramienta tecnológica o física, llamadas, correos electrónicos, memoriales, mensajes de datos en aplicaciones como WhatsApp, Telegram, entre muchas otras, en cuestiones relacionadas con el ámbito laboral  en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo, así como tampoco en las vacaciones o descansos.

Ahora bien, procederé a responder las preguntas más comunes respecto a la Ley de Desconexión Laboral. 

¿A partir de qué momento tienen derecho los trabajadores y servidores públicos a la desconexión laboral? El derecho a la desconexión laboral comienza a ser exigible una vez finalizada la respectiva jornada laboral, según la naturaleza del cargo tanto el sector privado como en el sector público.

¿Qué consecuencias tiene el desconocimiento del derecho a la desconexión laboral de los trabajadores? Hacer caso omiso al derecho a la desconexión laboral de los trabajadores puede conllevar a conductas de acoso laboral, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1010 de 2006 (recomiendo leer mi columna de opinión titulada: ‘Acoso Laboral’, publicada en EL PILÓN el 21 de agosto de 2021).

Es importante aclarar: para que el desconocimiento del derecho a la desconexión se considere acoso laboral, la conducta por parte del empleador debe ser persistente y demostrable.

¿Qué puede hacer un trabajador cuando su empleador incumple con la Ley de Desconexión Laboral? El trabajador que considere vulnerado su derecho a la desconexión laboral podrá poner en conocimiento del Ministerio del Trabajo la situación para que se inicie la respectiva investigación del caso. 

¿Qué obligaciones trae la Ley 2191 de 2022 para los empleadores? El artículo 5 de la mencionada ley consagra el deber que le asiste a todo empleador, bien sea persona natural o jurídica, o de naturaleza pública o privada, de implementar una política de desconexión laboral de reglamentación interna. 

¿La Ley de Desconexión Laboral consagra excepciones? Sí. El artículo 6 de la Ley 2191 de 2022 consagra ciertas excepciones en las cuales no serán sujetos de la Ley de Desconexión Laboral: 1) Los trabajadores y servidores públicos que desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo; 2) Las personas que por la naturaleza de la actividad que desempeñan deban tener una disponibilidad permanente, entre ellos la Fuerza Pública y organismos de socorro y 3) En situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, en las que se requiera cumplir deberes extra de colaboración con la empresa o institución, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles o de urgencia en la operación de la empresa o la institución. 

¿Están bien capacitados trabajadores, servidores públicos y empresas en las disposiciones de la Ley 2191 de 2022? No. Observo a muchas personas desorientadas con las disposiciones de esta nueva normatividad. 

La mejor asesoría legal es la que busca prevenir riesgos, sanciones y litigios innecesarios ante la administración de justicia. Las empresas que no se asesoran terminan perdiendo mucha más plata de la que “ahorraron” en la no contratación de servicios legales. 

Por José Ángel González Cruz