El poder de su palabra y los conocimientos adquiridos los ha utilizado para velar por el bienestar de las comunidades indígenas. Por estas virtudes, la líder arhuaca Leonor Zalabata recibió el Premio Franco-Alemán ‘Antonio Nariño’ de Derechos Humanos.

Ella le ha pedido al Estado que garantice la autonomía de los pueblos indígenas, mientras a los grupos armados les ha exigido respeto por su territorio y por la vida de los arhuacos que están asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Respecto a la exaltación, Zalabata manifestó que ese logro no le pertenece solamente a ella. “Significa el reconocimiento a todos los líderes, a todos los pueblos indígenas, a quienes pensamos en un país justo. Para mí es una señal que nos indica a nosotros que lo que hacemos y practicamos es el camino, no hay otro”, subrayó.

GÉNESIS DE SU LABOR

El liderazgo de Leonor Zalabata empezó con Luis Napoleón Torres, un destacado líder arhuaco en la década de los 80; él delegó a Zalabata para que acompañara a Lorenzo Muelas en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991.

Tan solo unos días después de tomar esa decisión, Torres fue secuestrado, torturado y asesinado. Su cuerpo fue encontrado en el municipio de Bosconia. A pesar de ese golpe, la lideresa siguió apoyando a Muelas en medio de la Constituyente.

“Esa delegación me enseñó mucho para seguir luchando por la implementación de los derechos”, reconoce tras casi 28 años de hacer parte de esa labor.

Pero los pueblos indígenas han padecido históricamente la brecha entre lo que es ley y está escrito y lo que el estado cumple; la Constitución de 1991 no fue la excepción. Zalabata cuenta que en 1996, cinco años después de haberse expedido la Carta Magna, no se habían desarrollado las normas para proteger los derechos de los aborígenes.

Además, en ese lustro las comunidades ancestrales contaban 246 asesinatos en contra de sus integrantes. Ante ese panorama en julio de 1996 llegaron a Bogotá representantes de 80 pueblos indígenas y se tomaron la Conferencia Episcopal; exigían que se cumplieran los derechos.

“El diálogo del Estado con los pueblos indígenas se instala en Colombia en 1996”, enfatizó Zalabata. Luego de esa protesta, que duró más de un mes, se crearon varias instancias como la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas.