El año que está a punto de terminar estuvo lleno de altibajos en el tema de la restitución de tierras en el departamento del Cesar, el tercero en el país con mayores reclamaciones en más de 195 mil hectáreas por parte de campesinos que fueron despojados u obligados a vender sus fincas bajo amenazas de los grupos paramilitares y guerrilleros con presencia en la región.

Fueron más los sinsabores de los reclamantes, que esperanzados en volver a sus tierras, esperaron todo el año y aún siguen a la espera de que los tiempos del proceso de restitución sean más ágiles y efectivos, debido a que en esta vigencia que culmina la Unidad de Tierras en el Cesar solo logró cristalizar seis restituciones, de las más de cuatro mil reclamaciones que existen. Un balance bastante débil y flaco en cifras, si se tiene en cuenta el alto porcentaje de familias que siguen lejos de su tierra.

Este es uno de los puntos de la cadena de altibajos. Otro y quizás uno de los más preocupantes es la situación de amenaza en que viven los líderes de tierras, que por el hecho de tomar la vocería en nombre de sus comunidades, reciben intimidaciones para que no sigan reclamando la tierra de la que debieron salir por presiones de los armados ilegales. Pero aún más preocupante la debilidad institucional del Estado para garantizarles la seguridad a estas personas, especialmente en los municipios de Valledupar, Codazzi, El Copey, La Jagua de Ibirico y otras poblaciones del sur del Cesar.

Lo que imaginaron los campesinos y todas aquellas personas que perdieron sus tierras en medio del conflicto armado, no ha sido fácil. La implementación de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas va a paso lento y más en el Cesar donde los estragos de la violencia dejaron más de 300 mil víctimas, según reportes de la Unidad de Reparación Integral a Víctimas. Esta Ley que establece “un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas que beneficien a las víctimas del conflicto armado, en un marco de justicia transicional, para hacer efectivos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición”, es la única tabla de salvación de todas las víctimas de Colombia y especialmente del Cesar. Por eso los llamados de los líderes de víctimas y de tierras son constantes y angustiosos, porque sienten que la reparación con garantías de no repetición les está quedando grande a las instituciones.

En un informe de la organización Lutheran World Relief (LWR) y el Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWGEF) que ya habían hecho un primer monitoreo en la Costa Caribe de Colombia en junio de 2012, y que ahora volvieron a hacer este año para conocer cómo iba la implementación de la Ley de Víctimas, particularmente en relación con su impacto sobre la restitución de tierras, concluyeron que “recién empezaba a implementarse la restitución de tierras, pero que tanto ésta como las reparaciones prometidas en la legislación, eran aún un sueño lejano para la mayoría de las víctimas”, y agregan: “…éstos siguen sufriendo amenazas, asedio y violencia por parte de actores ilegales armados y compañías que buscaban quedarse con sus tierras o hacer uso de ellas. La Unidad de Tierras tiene un gran reto para el 2014.