El anuncio de un acuerdo de cese del fuego bilateral con el Eln y otros cuatro grupos criminales es prueba inequívoca de chambonería. Pero amerita unas reflexiones adicionales.

Demuestra que Petro no tiene problema en mentir. El acuerdo anunciado no existía no solo con el Eln sino tampoco con las organizaciones criminales que Petro denominó “AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada”.

Demuestra la debilidad de la Fuerza Pública. No fue consultada previamente y se enteró de la decisión de Petro por el trino. El MinDefensa no cumple su función de articulación y comunicación con Casa de Nariño. Es claro que a Petro no le importa ni la experiencia ni la opinión de los uniformados ni sus reflexiones estratégicas. Y los mandos son tan débiles que no pasa absolutamente nada con que se les ignore.

El único ganador del garrafal error fue el Eln. Fortaleció su posición y puso al Gobierno a pedir cacao.

El cese del fuego que Petro plantea en realidad es multilateral. Eso lo hace muchísimo más complejo. En muchas regiones del país delinquen de manera simultánea dos o más organizaciones criminales.

El punto de que consista en que “no haya confrontaciones” con la Fuerza Pública pero sí se permita la “detención (sic) de civiles” y que la “extorsión, vacunas y todo lo demás se seguirá presentando”, como confesara el congresista del Catatumbo, es sumamente grave.

Los únicos beneficiados son los violentos. Ya no tienen el riesgo de que militares y policías los persigan y pueden dedicarse a combatir con los otros criminales por rentas y territorios. Los civiles quedan desprotegidos y a merced de los bandidos.
En resumen, el cese del fuego supone que ya no habrá acciones ofensivas de militares y policías contra los grupos criminales, que estos seguirán enfrentándose entre ellos, que continuarán delinquiendo y mantendrán sus actividades de explotación ilegal de oro y de narcotráfico, y que proseguirán las acciones violentas contra la población civil. Seguirán, pues, las extorsiones, secuestros, asesinatos de líderes sociales, masacres. En esos términos, el cese no solo es inmoral sino inconstitucional.

A estas alturas y después de tantos desengaños, estoy convencido de que la paz no se hace a través de la claudicación, de la impunidad, de premiar a los criminales con beneficios que no tienen los ciudadanos que jamás han delinquido.

Dicho esto, si el Gobierno decide continuar por el camino de los diálogos con los bandidos, al menos hay que aplicar las lecciones del pasado: las negociaciones serias necesitan estrategia, prudencia, preparación, paciencia, seriedad y carácter; exigen que el Estado no solo no pierda su capacidad de presión sino asestarles golpes contundentes a los criminales. Renunciar al garrote, como hace Petro, es estúpido y contraproducente; la exigencia primordial debe ser la de proteger a los civiles; permitirles a los violentos continuar con sus actividades delictivas solo les asegura mejores ingresos y los fortalece y aleja la paz que se anhela; si no derrotamos al narcotráfico, los diálogos, en el mejor escenario, solo suponen un reciclaje de las organizaciones criminales y de los líderes de las mismas.

Por Rafael Nieto Loaiza