Una buena noticia pasó relativamente desapercibida durante la Semana Santa, se trata de la solución del conflicto laboral que afectaba a la empresa multinacional DPA (Dairy Partners Americas) dedicada a la fabricación de derivados de la leche y una de las industrias más importantes de la región.
En efecto, empresa y sindicatos lograron el miércoles pasado poner fin a un conflicto laboral que durante más de 45 días afectó la operación de la planta y generó una gran incertidumbre en la economía agropecuaria local.
Entre los puntos más importantes del acuerdo se destacan un reajuste de salarios del 2 por ciento, de acuerdo a los resultados de la inflación del año pasado; como también los beneficios en materia de salud, créditos de vivienda, entre otros, consignados en una convención colectiva de trabajo que tendrá una vigencia de tres años.
Es una buena noticia, insistimos; pero este conflicto laboral deja varias lecciones para la empresa, para sus trabajadores, para el Estado y también para la región, en general.
En primer lugar, hay que destacar que a pesar de la parálisis no hubo el ambiente agresivo e inclusive violento que caracteriza la gran mayoría de las veces los conflictos laborales en el país. Y es de resaltar, igualmente, la prudencia y el tino con el cual las directivas de la empresa manejaron el conflicto laboral, dándole un bajo perfil y sin afectar a sus proveedores, los ganaderos, fue un manejo fue acertado, sin lugar a dudas.
A pesar de que reconocemos y defendemos el derecho a la huelga, debemos criticar la actitud dilatoria de los sindicatos que, a la larga, lograron exactamente lo que la empresa les proponía desde un principio, teniendo en cuenta las condiciones de la compañía y el complejo negocio externo de la industria de la leche, en la cual hay muchos subsidios y poca claridad en sus mercados.

Adicionalmente, la evolución de este conflicto laboral pone de presente las fallas de la legislación actual para el manejo de estos delicados temas, en particular la etapa de la huelga; que se permite un manejo lento, dilatorio y formalista en tramitar las diferencias entre las empresas y los sindicatos, en perjuicio de la celeridad que caracteriza a la economía moderna globalizada y competitiva. Esta legislación debe ser objeto de revisión por parte del nuevo Congreso de la República.
Otra lección que deja este conflicto laboral es que falta una dependencia del estado que intervenga de manera directa, oportuna y comprometida, como lo hacía antes el Ministerio del Trabajo. Desde estas páginas hemos insistido en la necesidad de revivirlo y volver a contar con políticas específicas para fomentar el pleno empleo y una instancia para buscar la solución a los conflictos laborales, en todo el territorio nacional. La figura del Ministerio de la Protección Social ha fracasado tanto en el área de la salud, como el tema del empleo.
Y finalmente es de resaltar la preocupación y las gestiones del Gobernador del Cesar, Cristian Moreno Panezo, que en múltiples ocasiones trató de ayudar a ponerle fin a este conflicto laboral, buscando facilitar la mediación entre las partes; actitud esta que contrasta con la gran indiferencia con la cual la comunidad de Valledupar vio el desarrollo la negociación laboral, a pesar de que la misma tiene un gran impacto en la economía de la región por ser esta la principal empresa compradora de la leche que produce nuestra ganadería y habría sido traumático una eventual suspensión de las compras por parte de DPA. Son múltiples, pues, las lecciones que deja este conflicto laboral cuyo desenlace no generó mayores traumatismos, insistimos, para la economía del Cesar y la Guajira.