El municipio de La Paz, norte del Cesar, entró en el mapa del posconflicto y ya recibe los primeros beneficios de parte del Gobierno Nacional, que quiere comenzar con la zona rural, donde existe una deuda histórica de inversión para mejorar la calidad de vida de los campesinos.

La alcaldesa de La Paz, Andrea Ovalle, hizo parte de una reunión en la que junto con otros 28 alcaldes de municipios del posconflicto firmaron convenio para intervenir de vías terciarias. El plan de se llama 51X50, con el que beneficiarán a 51 municipios con 50 kilómetros de vías cada uno. Es decir, que en La Paz se pondrán al día con 50 kilómetros de vía.

Este municipio tiene seis corregimientos: San José de Oriente, Varas Blancas, Los Encantos, Laguna de los Indios, Guaymaral y Minguillo, entre las cuales reúnen 101 veredas, ubicadas en su mayoría en la Serranía del Perijá, en límites con Venezuela.

Por la diversidad de la Serranía, cuenta La Paz con diferentes pisos térmicos que permiten cultivar diversidad de productos que tienen una excelente demanda en el mercado y podría incluso surtir el mercado de la capital cesanrese. Sin embargo, históricamente estos productos no pueden ver la luz del día en los mercados porque no cuentan con buenas vías y es imposible sacarlos y si lo logran, llegan deteriorados, afectados por el vaivén de los vehículos en medio de los caminos de herradura.

Por eso la esperanza que se abre con la firma de este convenio firmado por la Agencia de Renovación del Territorio y los alcaldes de los primeros 29 municipios beneficiados, con recursos iniciales de 50 mil millones. A La Paz llegarán mil millones para vías terciarias.

La idea, según el presidente Juan Manuel Santos, es que “De aquí a diciembre ¡vamos a ver no trochas, sino caminos de paz y progreso! La paz debe llegar a todo el país, pero es esencial que llegue al campo. Campesinos de estos 51 municipios que saben cómo es vivir en guerra, ahora sabrán cómo es vivir en paz”.

Acertadas palabras que ahora deben concretarse de acuerdo con las necesidades de los campesinos y no de compromisos políticos. Es importante que en la ejecución de estos recursos haya veeduría ciudadana para que las obras queden bien hechas y beneficien a las comunidades campesinas que cuentan con vías en peores condiciones, para que el impacto del Plan 51X50 se vea y se sienta y que los productos que por décadas se han cultivado allá arriba en la Serranía del Perijá, lleguen a los centros urbanos: maracuyá, mora, lulo, cebolla, entre otros.

Aunque el presidente Santos dijo que serán los alcaldes los que van a escoger a los contratistas o las organizaciones comunitarias más indicadas, y el Invías va a hacer la interventoría, las comunidades no pueden desconectarse de la inversión y podrán hacer auditorías visibles para reportar cualquier anomalía que vean.

Lo bueno de este programa –si se cumple- es que la Agencia de Renovación del Territorio va a girarle la plata a los alcaldes para contratar obras con comunidades y a través de Juntas de Acción Comunal.