En el Cesar ha venido creciendo las inconformidades y preocupaciones por las variantes viales del proyecto ruta del sol, en su paso por los Municipios de San Martín, San Alberto, Aguachica, Pelaya, Pailitas, Curumaní y Bosconia. Por las especificaciones de diseño se deben hacer variantes, pero es inexplicable que no exista una valoración de efectos […]
En el Cesar ha venido creciendo las inconformidades y preocupaciones por las variantes viales del proyecto ruta del sol, en su paso por los Municipios de San Martín, San Alberto, Aguachica, Pelaya, Pailitas, Curumaní y Bosconia.
Por las especificaciones de diseño se deben hacer variantes, pero es inexplicable que no exista una valoración de efectos sobre la estructura urbana (aclaro que esto no es un estudio de impacto ambiental, como cree la ANI y la ANLA) que modele para cada municipio, los riesgos e implicaciones de un nuevo corredor.
Desviar una vía a su paso por un casco urbano, tiene implicaciones que superan la esfera del estudio de impacto ambiental (EIA), máxime que estos municipios del Cesar tienen un fuerte arraigo con el corredor vial (véase estudio Cesar Caribe 2032). Utilizando la metodología de análisis INSURE, encontré que las variantes son incentivo suficiente para cambiar la estructura socio-espacial y económica de los municipios, que sumando a la débil capacidad de inversión y gestión del suelo, producirán un sistema de presión sobre el ordenamiento y gobernabilidad territorial. Los efectos de este sistema aún no se conocen, pero es deber del Estado identificarlo y reconocerlo.
Se generará una relocalización de actividades económicas y urbanas hacia el nuevo corredor, demandando la ampliación de redes de servicios públicos y arterias viales. Esto sin contar las afectaciones sobre muchos negocios privados que deberán asumir los costos de relocalizar o reinventarse para subsistir.
Estas demandas desbordarán a los entes territoriales, lo preocupante es que tanto la ANI, como los concesionarios, le tiran la responsabilidad a los alcaldes (lo afirmo por que lo he presenciado) para enfrentar las afectaciones que se darán.
Es valido que las comunidades y gobernantes se pregunten ¿y estos costos, quién o cómo los asumirán? Esas valoraciones no existen, los invito a que revisen las valoraciones económicas incluidas en los EIA; o que los funcionarios de la ANI digan en cuanto estiman que costaría por ejemplo, la ampliación de redes en Curumaní producto de la expansión urbana y relocalización comercial hacia el nuevo corredor vial?
PD. Que no sigan creyendo que en el Cesar somos bobos.
En el Cesar ha venido creciendo las inconformidades y preocupaciones por las variantes viales del proyecto ruta del sol, en su paso por los Municipios de San Martín, San Alberto, Aguachica, Pelaya, Pailitas, Curumaní y Bosconia. Por las especificaciones de diseño se deben hacer variantes, pero es inexplicable que no exista una valoración de efectos […]
En el Cesar ha venido creciendo las inconformidades y preocupaciones por las variantes viales del proyecto ruta del sol, en su paso por los Municipios de San Martín, San Alberto, Aguachica, Pelaya, Pailitas, Curumaní y Bosconia.
Por las especificaciones de diseño se deben hacer variantes, pero es inexplicable que no exista una valoración de efectos sobre la estructura urbana (aclaro que esto no es un estudio de impacto ambiental, como cree la ANI y la ANLA) que modele para cada municipio, los riesgos e implicaciones de un nuevo corredor.
Desviar una vía a su paso por un casco urbano, tiene implicaciones que superan la esfera del estudio de impacto ambiental (EIA), máxime que estos municipios del Cesar tienen un fuerte arraigo con el corredor vial (véase estudio Cesar Caribe 2032). Utilizando la metodología de análisis INSURE, encontré que las variantes son incentivo suficiente para cambiar la estructura socio-espacial y económica de los municipios, que sumando a la débil capacidad de inversión y gestión del suelo, producirán un sistema de presión sobre el ordenamiento y gobernabilidad territorial. Los efectos de este sistema aún no se conocen, pero es deber del Estado identificarlo y reconocerlo.
Se generará una relocalización de actividades económicas y urbanas hacia el nuevo corredor, demandando la ampliación de redes de servicios públicos y arterias viales. Esto sin contar las afectaciones sobre muchos negocios privados que deberán asumir los costos de relocalizar o reinventarse para subsistir.
Estas demandas desbordarán a los entes territoriales, lo preocupante es que tanto la ANI, como los concesionarios, le tiran la responsabilidad a los alcaldes (lo afirmo por que lo he presenciado) para enfrentar las afectaciones que se darán.
Es valido que las comunidades y gobernantes se pregunten ¿y estos costos, quién o cómo los asumirán? Esas valoraciones no existen, los invito a que revisen las valoraciones económicas incluidas en los EIA; o que los funcionarios de la ANI digan en cuanto estiman que costaría por ejemplo, la ampliación de redes en Curumaní producto de la expansión urbana y relocalización comercial hacia el nuevo corredor vial?
PD. Que no sigan creyendo que en el Cesar somos bobos.