El nuevo régimen de regalías que tuvo dos pasos, una reforma Constitucional y una ley de la República, además de reajustar las participaciones para las entidades territoriales, que tienen los derechos fundamentales sobre ellas desde 1.991 a recibir esos recursos que percibe el Estado por la explotación del subsuelo, fijó varias reglas para agilizar el proceso de formulación de los proyectos, su evaluación integral y su aprobación.
El nuevo régimen de regalías que tuvo dos pasos, una reforma Constitucional y una ley de la República, además de reajustar las participaciones para las entidades territoriales, que tienen los derechos fundamentales sobre ellas desde 1.991 a recibir esos recursos que percibe el Estado por la explotación del subsuelo, fijó varias reglas para agilizar el proceso de formulación de los proyectos, su evaluación integral y su aprobación. El paso más trascendental fue el de eliminar la figura de los Ocad departamentales y municipales para el trámite de los recursos que se reciben de asignaciones directas.
Se mencionaba que la injerencia del gobierno central, a través de sus entidades de Planeación Nacional y de los ministerios correspondientes, por la materia funcional y sectorial, estaría dificultando su pronta ejecución y eso explicaría que hubieran quedado recursos billonarios sin ejecución. Hay elementos para pensarlo así porque al mismo Departamento Nacional de Planeación se le había convertido la asistencia a esos Ocad en una carga de viaje, trabajo adicional y repetitivo, que podría estar desenfocándola de su papel clave de direccionamiento estratégico y visión de futuro del Estado.
Por otro lado, las entidades a las que se les habían recortado regalías, pero sufrían el impacto de las explotaciones en virtud de la reforma del gobierno Santos que las amplió a otros departamentos y municipios no productores -lo que terminó denominándose peyorativamente esparcir la mermelada- además de acusar el golpe de los menores recursos, no entendían que se les hubiera generado un dispendioso trámite de los recursos que constitucionalmente les correspondían.
Se llegó a aquella reforma -vale recordarlo-, estableciendo más controles porque se venía abusando en despilfarro de recursos, cuando no en franca corrupción. Sin embargo, nunca se ha cambiado el criterio de que el contratante de la obra o servicio es la entidad territorial y que en la contratación es donde se hace más vulnerable el erario y la transparencia.
Pero podríamos decir que a pesar de observaciones que hicieron en su momento los organismos de control, la inmensa mayoría de los proyectos tramitados por los Ocad municipales, departamentales y regionales, se hicieron, bajo el régimen que ahora ha cambiado; como proyectos debidamente formulados, evaluados y aprobados.
Desde nuestras páginas hicimos seguimiento a esas denuncias y podemos reiterar esta afirmación. Excepciones hubo como la famosa plaza de Becerril, por su impertinencia e inconveniencia, que ha sido objeto de nuestros editoriales. Esto, para decir que gobernadores y alcaldes, de entes productores, tienen ahora una gran responsabilidad técnica y ética en el trámite de los proyectos y por supuesto en su contratación.
CONCLUIR Y CONCLUIR LAS VÍAS
Nos complace que la ministra el viernes anunciara la licitación de obras para contratar a fin de año en Guajira, Cesar, Magdalena y Córdoba por $245.000 millones y 4100 empleos. Incluye sur guajiro, Codazzi-Cuatro Vientos y, en sus palabras: “el nuevo eje vial Valledupar – La Paz”.
El nuevo régimen de regalías que tuvo dos pasos, una reforma Constitucional y una ley de la República, además de reajustar las participaciones para las entidades territoriales, que tienen los derechos fundamentales sobre ellas desde 1.991 a recibir esos recursos que percibe el Estado por la explotación del subsuelo, fijó varias reglas para agilizar el proceso de formulación de los proyectos, su evaluación integral y su aprobación.
El nuevo régimen de regalías que tuvo dos pasos, una reforma Constitucional y una ley de la República, además de reajustar las participaciones para las entidades territoriales, que tienen los derechos fundamentales sobre ellas desde 1.991 a recibir esos recursos que percibe el Estado por la explotación del subsuelo, fijó varias reglas para agilizar el proceso de formulación de los proyectos, su evaluación integral y su aprobación. El paso más trascendental fue el de eliminar la figura de los Ocad departamentales y municipales para el trámite de los recursos que se reciben de asignaciones directas.
Se mencionaba que la injerencia del gobierno central, a través de sus entidades de Planeación Nacional y de los ministerios correspondientes, por la materia funcional y sectorial, estaría dificultando su pronta ejecución y eso explicaría que hubieran quedado recursos billonarios sin ejecución. Hay elementos para pensarlo así porque al mismo Departamento Nacional de Planeación se le había convertido la asistencia a esos Ocad en una carga de viaje, trabajo adicional y repetitivo, que podría estar desenfocándola de su papel clave de direccionamiento estratégico y visión de futuro del Estado.
Por otro lado, las entidades a las que se les habían recortado regalías, pero sufrían el impacto de las explotaciones en virtud de la reforma del gobierno Santos que las amplió a otros departamentos y municipios no productores -lo que terminó denominándose peyorativamente esparcir la mermelada- además de acusar el golpe de los menores recursos, no entendían que se les hubiera generado un dispendioso trámite de los recursos que constitucionalmente les correspondían.
Se llegó a aquella reforma -vale recordarlo-, estableciendo más controles porque se venía abusando en despilfarro de recursos, cuando no en franca corrupción. Sin embargo, nunca se ha cambiado el criterio de que el contratante de la obra o servicio es la entidad territorial y que en la contratación es donde se hace más vulnerable el erario y la transparencia.
Pero podríamos decir que a pesar de observaciones que hicieron en su momento los organismos de control, la inmensa mayoría de los proyectos tramitados por los Ocad municipales, departamentales y regionales, se hicieron, bajo el régimen que ahora ha cambiado; como proyectos debidamente formulados, evaluados y aprobados.
Desde nuestras páginas hicimos seguimiento a esas denuncias y podemos reiterar esta afirmación. Excepciones hubo como la famosa plaza de Becerril, por su impertinencia e inconveniencia, que ha sido objeto de nuestros editoriales. Esto, para decir que gobernadores y alcaldes, de entes productores, tienen ahora una gran responsabilidad técnica y ética en el trámite de los proyectos y por supuesto en su contratación.
CONCLUIR Y CONCLUIR LAS VÍAS
Nos complace que la ministra el viernes anunciara la licitación de obras para contratar a fin de año en Guajira, Cesar, Magdalena y Córdoba por $245.000 millones y 4100 empleos. Incluye sur guajiro, Codazzi-Cuatro Vientos y, en sus palabras: “el nuevo eje vial Valledupar – La Paz”.